El juez Castro acuerda investigar a la infanta por presunto fraude fiscal

Castro, titular del juzgado número 3 de Palma, dictó ayer un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y reclama también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.

El juez basa su petición en el auto de la Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey pero expresó "recelos -dice Castro-" sobre el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública como socia de Aizoon.

Por ello, ordena que se aclaren las objeciones de la Audiencia y que se practiquen "cuantas diligencias de investigación" sean precisas para "descartar de plano" que la infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia Tributaria sí atribuye a Iñaki Urdangarin por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008.

El instructor, que también requiere que se cuantifique "la cuota supuestamente defraudada" por el esposo de la infanta, ha decidido que las declaraciones del IRPF de doña Cristina que aportó la Agencia Tributaria sean incorporadas a la causa.

Castro aclara que la prescripción del fraude que se le pudiera atribuir a la infanta se interrumpe el pasado día 7, una vez que la Audiencia Provincial "hizo patente su parecer sobre la posibilidad" de que doña Cristina "hubiera cometido delito fiscal y/o de blanqueo de capitales".

Los ingresos netos de la Infanta pasaron de 229.301 euros en 2001 a casi 326.000 en 2010, según sus declaraciones.