El Gobierno lleva la extra del Ejecutivo vasco al Constitucional

Así lo anuncio la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha acelerado los trámites para evitar que esa paga llegue a abonarse el mes que viene. Así, ha dado tres días al Consejo de Estado para que le informe y la Abogacía del Estado planteará el conflicto ya la próxima semana.

El objetivo es que el próximo pleno del TC decida la admisión a trámite de este asunto ya que, de hacerlo, supondrá la suspensión de esta paga durante al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Tribunal para ratificar o levantar esta suspensión, según ha explicado el Ejecutivo, a la espera de una resolución del conflicto.

El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, anunció su intención de pagar esta extraordinaria el mes que viene a sus 67.000 empleados públicos porque así lo recoge su Ley de Presupuestos; como esta norma no fue modificada tras el real decreto, considera que sigue en vigor y debe cumplirla. Dedicará este fin 207 millones de euros.

El Ejecutivo del PP esgrime sin embargo a su favor que el Estado es legítimo "para establecer límites retributivos de los empleados públicos, que operan como límites de la autonomía financiera autonómica, según se establece en la doctrina del propio Tribunal Constitucional".

Argumenta también el artículo 2 del citado real decreto, que establecía que el personal del sector público, incluido el autonómico, "verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes".