El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitará hoy al juez del caso Nóos una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso.
Según informaron ayer a Efe fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos.
En el escrito que presentará hoy en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.
El juez de Palma José Castro deberá luego decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y también por Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.
Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, declaró a Efe que la fianza le parece "exagerada", aunque prefirió no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Balears y la Comunidad Valenciana.
La fianza pone así cifra al supuesto desvío de fondos públicos llevado a cabo por el duque de Palma y su socio mediante el Instituto Nóos.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos.Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El fiscal considera que ambos desviaron el dinero público a este instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.