El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de eliminar la malformación del feto como supuesto para abortar de forma voluntaria ha seguido recibiendo las críticas de los partidos de la oposición y de las organizaciones de mujeres, ante la defensa "a ultranza" mostrada por el PP.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un 2,97 por ciento de las 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo en 2010 fueron a causa de anomalías en el feto.
Este supuesto, según anunció el domingo, Gallardón en una entrevista en La Razón, desaparecerá de la reforma del aborto que prepara su departamento y que el PSOE ya ha anunciado que cuando vuelva a gobernar repondrá la ley de plazos que está aún vigente.
La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.
El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el titular de Justicia quiere retrotraer a España treinta años y diopor sentado que cuando su partido vuelva al Ejecutivo repondrá la actual ley "que es una ley europea" y "respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad".
El anuncio de Gallardón contó con el apoyo de su partido, el PP, que a través de su vicesecretario de Organización y Electoral, Carlos Floriano, explicó que las "convicciones éticas y políticas" de la formación le llevan a defender "a ultranza" los derechos de los más débiles.
"Nosotros apostamos por una ley de casos y no por una ley de plazos; nosotros apostamos por la defensa de los derechos de los más débiles y, tanto en un caso como en otro, la Constitución, las sentencias del TC -Tribunal Constitucional- y las declaraciones de los derechos humanos están detrás del PP", subrayó Floriano.
Sin embargo, el coordinador general de IU, Cayo Lara, como ya hizo anteayer, volvió a arremeter contra el anuncio de Gallardón al considerarlo "un acto de cinismo" y opinó que con esta medida se intenta meter al "Estado dentro del cuerpo de las mujeres".
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, cree que la reforma" obedece a una ideología del PP" pero "en absoluto es una demanda mayoritaria de la sociedad española, mientras que el BNG solicitó la comparecencia de Gallardón en la Comisión de Igualdad del Congreso para que "aclare" las declaraciones realizadas y para que explique en qué va a consistir las modificaciones que prevé realizar de la ley.
Las organizaciones de mujeres continuaron con sus críticas al ministro y han calificado su anuncio de "lamentable" e "improcedente", al tiempo que estimaron que condenará a las mujeres a abortar en la clandestinidad y, por tanto, se pondrá en riesgo su salud y sus propias vidas.
En concreto, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, dijo que todo lo no sea mantener una ley de plazos, como hasta ahora, supondrá un "grave retroceso" en los derechos de las mujeres.
A juicio de la responsable de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Ángela Cerrillos, la reforma "caerá como una losa" sobre las mujeres que tienen menos recursos.
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