El Gobierno recorta otros 200 millones de euros a la Ley de la Dependencia

Este recorte se une al ya anunciado por el Ejecutivo en los Presupuestos del Estado en los que suprimió los 283 millones de euros que recibían las comunidades autónomas para aumentar la protección de los beneficiarios del Sistema de Dependencia.

Del mismo modo, se reduce en un 15 por ciento la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción.

La reforma también modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle. Pero las comunidades autónomas tendrán un plazo de ocho años para pagar a los beneficiarios los efectos retroactivos.

En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de "agilizar la entrada de los grandes dependientes".

Además, el decreto confirma que el Ejecutivo suspenderá el 31 de agosto las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba a aquellos familiares que cuidaban de un dependiente en casa.

Así, a partir del 1 de septiembre el cuidador contará con una bonificación del 10 por ciento, siendo a cargo de la Administración General del Estado el 5 por ciento del total de la cuota, y el 85 por ciento restante a cargo del cuidador no profesional.