La Unión Europea exige a España el cierre de las entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al conjunto del sector, según consta en el memorándum del rescate bancario pactado este ayer por el Eurogrupo, que no obstante no identifica qué bancos deben cerrarse.
El memorándum detalla todas las condiciones del plan de ayuda de hasta 100.000 millones de euros al sistema financiero español y su calendario de aplicación. Entre ellas recoge también los requisitos de ajuste fiscal y reformas económicas que la UE ya ha impuesto a España, que "se controlarán de cerca y de forma regular en paralelo" al rescate bancario.
Entre las condiciones, el texto cita reformar el sistema fiscal para que apoye más el crecimiento, suprimir la deducción por vivienda, aplicar la reforma laboral, mejorar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y las barreras para la apertura de comercios, completar las interconexiones energéticas y resolver el problema del déficit de tarifa.
"Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución ordenada", señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo.
El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: en primer lugar, las nacionalizadas (Bankia, Noavacaixagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda más pronto. En segundo lugar, las que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank.
La UE considera que la liquidación ordenada puede aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en materia de resolución.
El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un plan de reestructuración que compense cualquier posible distorsión de competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda subordinada.
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