El exdirector de Trabajo de la Junta desvela que se destruyeron expedientes

Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se prolonga ya por espacio de más de seis horas, el imputado ha desvelado que, durante sendas mudanzas realizadas a finales de 2008 y en 2009, algunos expedientes se "destruyeron", aunque no ha sabido concretar de qué expedientes se trata ni con qué criterio se mandaron destruir.

Asimismo, ha señalado que no comprobaba si las solicitudes de ayudas eran correctas "porque le daba presunción de veracidad", así como ha admitido haber concedido ayudas sociolabores cuando era consciente de que iban destinadas a empresas, un criterio que decidieron entre él mismo y el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández.

Al hilo de ello, el imputado ha puesto de manifiesto, en relación a las ayudas directas a empresas, que "no tuvo en cuenta la legislación europea porque no la conocía", según han informado a los periodistas abogados presentes en la comparecencia, que aún no ha finalizado y que prosigue con las preguntas de la magistrada.

La juez ha hecho constar en el acta de la declaración que, tras preguntarle "en cinco o seis ocasiones" sobre si las ayudas se publicaban en el BOJA, el imputado ha respondido "con evasivas". La magistrada ha realizado ya unas 50 de las 90 preguntas que tiene previsto hacer al exalto cargo.

Por otra parte, La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado cuatro delitos al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento.

Durante aproximadamente una hora, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha leído los hechos que le imputa y le ha atribuido sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial, según han informado a los periodistas abogados presentes en la declaración. En este sentido, la juez considera que, a pesar de los informes jurídicos de empresas auditoras que alertaban de la irregularidad del procedimiento iniciado en época de Francisco Javier Guerrero, el imputado continuó aplicando el mismo "y dando ayudas sin procedimiento", en total 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por valor de 154.250.040 euros.

Márquez "mantuvo el procedimiento a pesar de tener conocimiento del uso abusivo de los fondos públicos, de sus consecuencias ilegales y de las ayudas regaladas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE".