El Gobierno estudia castigar a los malos gestores que despilfarran dinero público

La Ley de Transparencia, que se quiere aprobar antes de que acabe marzo, recogerá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación, o a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas). Sin embargo, en las actuales circunstancias de crisis económica el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos.

En concreto, el Gobierno se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación, para el que el Código Penal fija una pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez, y que en el caso de que la malversación revista "especial gravedad" puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta. Esta reforma pretende que aquellos gestores que causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes o lleven a cabo una gestión deficiente respondan ante la Justicia. Así, se tendrán en cuenta los criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de las funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia, según precisó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.