La guerrilla colombiana de las FARC anunció ayer que ha decidido renunciar a las "retenciones de personas" con fines financieros y poner en libertad a los últimos diez uniformados que mantiene en condición de rehenes.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hicieron el doble anuncio en una declaración pública del secretariado o mando central rebelde, divulgada en su sitio en internet, y que el Ejecutivo no dejó pasar desapercibida.
"Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario pero no suficiente en la dirección correcta", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en el primer trino del día en su cuenta de Twitter.
El secuestro ha sido una de las fuentes económicas de esta guerrilla, en actividad desde 1964, lo que la hace la más antigua del continente, y que incluso llevó esta práctica a una "ley" rebelde de 2000 relativa a la financiación de su lucha armada. La renuncia a esta práctica era un llamamiento reiterado del Gobierno y la sociedad civil a los insurgentes, a los que la dependencia que tiene a cargo la política antisecuestro atribuye el 26 por ciento de los 298 secuestros cometidos en 2011 en el país.
Los rebeldes reconocen de manera tácita haber escuchado el clamor al anunciar que "a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas (las retenciones de personas" en nuestra actuación revolucionaria".
"Es un anuncio que considero que es trascendental, no solamente porque pone punto final al secuestro, que es una exigencia que le habíamos hecho desde mucho tiempo atrás y que se esperaba como un paso cierto en el camino hacia la paz", dijo a Efe en Bogotá el representante a la Cámara y activista Iván Cepeda.
El legislador, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), recibe la decisión rebelde como "una noticia alentadora en términos de voluntad de paz".
"Creo que, con este anuncio, las FARC están dando un paso significativo hacia la búsqueda de la paz en Colombia", afirmó Cepeda, quien conforma el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), al que los insurgentes le han entregado en los años recientes una veintena de cautivos, entre políticos y uniformados.
Las misiones contaron primero con logística facilitada por Venezuela y luego por Brasil, país que la prestará ahora por solicitud del Gobierno colombiano y los familiares.
La de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, es una "disposición generosa" que "aceptamos sin vacilación", escribieron los rebeldes.
Con la excongresista Piedad Córdoba a la cabeza, el CCP deberá intervenir en la anunciada puesta en libertad de los últimos diez militares y policías en manos de las FARC, que los hicieron cautivos entre 1998 y 1999, en distintas acciones y regiones, junto a otro uniformado que, según parece, perdió la vida en cautiverio.
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