El Gobierno hizo ayer un llamamiento "a la reflexión y la responsabilidad", especialmente de la clase política, ante la virulencia de las críticas al Tribunal Supremo por su condena a Baltasar Garzón, y mostró su "preocupación" por la imagen que éstas dan de la democracia española.
"Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que añadió: "Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España".
La "número dos" del Ejecutivo, que se negó a hacer una valoración de la sentencia diciendo que "un Gobierno no comenta las resoluciones judiciales; las respeta y, si es parte, las acata", hizo estas declaraciones 24 horas después de que se conociera la condena a Garzón y ante la persistencia de las manifestaciones de rechazo a la resolución y a sus autores.
Un ejemplo de éstas son las palabras pronunciadas ayer por el diputado de IU Gaspar Llamazares, que dijo que la sentencia "deteriora la imagen democrática de España en el mundo" y vaticinó que la "vergüenza será el doble" si el caso llega a los tribunales internacionales y éstos fallan que "no se garantizó un juicio justo" al juez.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de ICV, Joan Herrera, que dijo que la condena de Garzón y la absolución del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps son dos resoluciones judiciales que "deslegitiman el sistema democrático".
Por su parte, el movimiento 15-M en Barcelona expresó en un comunicado su apoyo al juez y acusó al "sistema jurídico-legal" español de defender "un sistema político viciado y corrupto".
Desde el ámbito jurídico, las críticas a la sentencia han llegado desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que consideró "absolutamente desproporcionada" la condena y advirtió de las "nefastas consecuencias" que la sentencia tendrá para la persecución de la corrupción.
Otra asociación judicial de tinte progresista como Jueces para la Democracia, sin embargo, estimó que la resolución del Supremo es "razonada, razonable y ajustada a los parámetros del ordenamiento jurídico".
Así lo aseguró su portavoz, José Luis Ramírez, que expresó asimismo su rechazo a los ataques personales o de tipo denigrante al tribunal o a los magistrados que lo integraron.
En contra de los ataques a los siete jueces que condenaron a Garzón hablaron también ayer las vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo, que, en unas declaraciones a RNE, los calificó de "intolerables", y Margarita Robles, que anunció que el Consejo será "muy contundente" en la defensa de los magistrados frente a las "críticas inaceptables" que están recibiendo.
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