La incertidumbre sobre el futuro del país volvió a instalarse ayer en Grecia después de un fin de semana de reuniones a múltiples bandas que concluyeron sin que los diferentes actores cediesen en las posiciones en que se han enrocado.
La llamada troika -formada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE)- exige al Gobierno de coalición que dirige el exbanquero Lukás Papadimos rebajas salariales en el sector privado y nuevos recortes de gasto público, a lo que se oponen los partidos políticos.
"Nos están pidiendo más recesión. Y yo lucho contra ello", criticó el líder de la conservadora Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, a la salida de una reunión de 5 horas con Papadimos y los otros dos líderes de las formaciones que forman el Ejecutivo (socialdemócratas, conservadores y ultraderechistas).
Según el presidente de la formación ultraderechista LAOS, Yorgos Karatzaferis, estas medidas ahondarán en la "miseria" provocando una grave reacción contra los Gobiernos.
Es que las medidas de austeridad adoptadas han provocado que el desempleo se haya doblado (hasta cerca del 20 por ciento), miles de negocios hayan cerrado y los salarios se hayan visto reducidos una media de un 25 por ciento.
"Yo no contribuiré a que estalle una revolución que haría arder Europa", dejó claro Karatzaferis tras el encuentro con Papadimos.
Por su parte, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), la mayor formación parlamentaria, deberá estudiar las medidas exigidas por la troika en su Consejo Político, ya que actualmente el partido se encuentra sin un liderazgo claro y sumido en luchas intestinas por la presidencia.
Sí que se llegó a acuerdos -según explicó el propio Papadimos- en torno a las medidas de reducción del gasto público en un equivalente al 1,5 por ciento del PIB y las medidas de recapitalización de la banca local, entre otros.
La reunión de los líderes políticos siguió a un encuentro entre los jefes de misión de la troika; el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, y el ministro de Trabajo, Yorgos Kutrumanis.
Los primeros reiteraron sus exigencias de que se eliminen las pagas extra, se reduzca el salario mínimo (de 751 euros), se rebajen las pensiones y se recorte el presupuesto del sistema sanitario en 1.100 millones de euros y el de Defensa en 400 millones.
La patronal y los sindicatos mayoritarios -que han avanzado en sus negociaciones sobre la reducción de los costes laborales no salariales y han pactado una congelación salarial- también rechazan estas medidas de la troika y así se lo hicieron saber al Gobierno en una carta enviada el viernes.
Pero sin estos recortes, no habrá nuevo préstamo, tal y como también dejó claro el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker en una entrevista que publica mañana, lunes, el semanario alemán "Der Spiegel".
El crédito, pactado desde octubre pero aún no en marcha, tiene un valor de al menos 130.000 millones de euros y resulta esencial para que Grecia no entre en bancarrota en los próximos 10 meses, cuando deberá desembolsar unos 50.000 millones de euros en vencimientos de deuda (de ellos 14.400 millones de euros el próximo 20 de marzo).
Paralelamente, el Gobierno griego ha negociado con la banca privada una quita de 100.000 millones de su deuda (que se eleva a unos 360.000 millones) en un acuerdo que las fuentes gubernamentales consultadas por Efe dan por "prácticamente cerrado".
Sin embargo, la troika ha bloqueado también este acuerdo hasta que Grecia acepte las nuevas medidas de austeridad, por lo que Charles Dallara, el director ejecutivo del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa los intereses de la banca privada, debió volver a reunirse ayer con miembros del Ejecutivo heleno.
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