La ministra de Fomento, Ana Pastor, abrió ayer un expediente sancionador a Spanair por la cancelación de sus vuelos, que afectará en el fin de semana a cerca de 23.000 clientes, de los que varios centenares han presentado ya quejas al no poder volar.
El cese de actividad de Spanair, que cuenta con más de 2.000 trabajadores directos, ha generado diversas declaraciones de políticos por la actuación de la Generalitat de Cataluña, accionista de la compañía, y por su destacado papel en las comunicaciones y el turismo en España.
Pastor informó en rueda de prensa de que Fomento había abierto ayer un expediente contra Spanair y sus administradores por la abrupta cancelación de su actividad, por el que la compañía podría ser multada con 9 millones de euros y sancionada con la retirada de la licencia.
Cientos de clientes de Spanair han presentado quejas en varios aeropuertos españoles por la decisión de la compañía de suspender sus vuelos desde la noche del viernes y por la escasez de billetes disponibles con la "tarifa de rescate" en otras compañías aéreas (Iberia, Air Europa y Vueling) que se han ofrecido a colaborar para mitigar el impacto de su cese de actividad.
Muchas de las reclamaciones -estaba previsto que Spanair transportara 23.000 pasajeros este fin de semana, en el que había programados 220 vuelos- se deben a que existe un número limitado de billetes con la tarifa especial o "de rescate", de entre 60 y 100 euros, por lo que una vez agotados, tienen que abonar los vuelos a precio de mercado, que pueden costar hasta 500 euros.
En este sentido, un portavoz de Spanair, Jordi Juan, aseguró que la compañía trabaja para resolver los problemas creados a los usuarios, en tanto que un representante de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, denunciaba que otras compañías "se están aprovechando de la situación" y están incurriendo incluso en fraude por "publicidad engañosa", porque incrementan sus tarifas.
En el terreno político, mientras Pastor apoyaba la actuación de la Generalitat en la crisis de Spanair, el ministro de Industria, José Manuel Soria, demandaba una "seria reflexión sobre el papel de las administraciones públicas dentro de las empresas privadas", al tiempo que recordaba que la aerolínea había ayudado a mejorar la conexión de Canarias con el resto de España y el mundo.
Mas hizo todo lo que pudo
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró que hizo "todo lo que pudo para salvar" a Spanair, pero añadió que en este momento de ajustes presupuestarios, el proyecto no podía convertirse en un "pozo sin fondo", mientras que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, pedirá explicaciones por su caída.
La presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, dijo que Spanair ha cerrado por ser "un proyecto poco realista para poder garantizar su estabilidad" y recordó que la Generalitat y otros organismos públicos catalanes "han pagado más de 150 millones de euros a la compañía".
El portavoz adjunto del grupo IU/ICV-EuiA/CHA en el Congreso, José Luis Centella, calificó de "terrorismo empresarial" la suspensión de la actividad por Spanair y solicitó a Fomento que trabaje y utilice "todos los medios legales" para que la compañía reanude sus operaciones.
Por su parte, el secretario de organización del sector aéreo y de servicios turísticos de CCOO, Jorge Carrillo, culpó a la Generalitat del cese de operaciones de Spanair.
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