Las comunidades gobernadas por el PP ratificaron ayer su compromiso con la reducción del déficit público y el equilibrio presupuestario en una reunión en la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, manifestó su respeto al estado autonómico, convencido de que no tiene por qué ser "despilfarrador".
Montoro citó a los consejeros económicos de las comunidades "populares" en la sede del partido en la calle de Génova con el fin de analizar los planes de ajuste y la futura ley de estabilidad presupuestaria, que fijará techos de gasto y podría incluir sanciones a las comunidades que no cumplan el objetivo de déficit, en la línea de las que aplica la Unión Europea a sus miembros.
La cita, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo martes con representantes de todas las autonomías, estuvo marcada por el mensaje de la austeridad, pero Montoro dejó también claro que se atenderán los problemas de liquidez para que las comunidades puedan seguir financiando los servicios públicos, según informó el PP en un comunicado.
En el encuentro, celebrado a puerta cerrada, el ministro explicó los ajustes del decreto convalidado ayer por el Congreso, que soporta "prácticamente" en solitario la administración central, y recordó que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las comunidades y los ayuntamientos.
Reafirmó el "pleno respeto" del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades autónomas "desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador del déficit".
Ningún comentario se recogió en la nota sobre la posibilidad, adelantada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Gobierno controle a priori los presupuestos autonómicos.
Montoro se encargará hoy de informar de los detalles de esta reunión a las comunidades gobernadas por otras formaciones políticas: Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Navarra y Asturias.
El ministro estuvo acompañado en la reunión del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y del director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal.
Prioridad
Dejaron claro a las comunidades que la prioridad del Gobierno es reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, defendieron el plan del Gobierno para recortar empresas y organismos públicos y la necesidad de que los gestores públicos asuman con transparencia su responsabilidad.
Los consejeros que hablaron ayer ante los medios de comunicación mostraron su compromiso con los ajustes y el control del déficit y varios respaldaron abiertamente la posibilidad de sancionar a las comunidades que no respeten el déficit.
"Sabemos que si no cumplimos los compromisos habrá consecuencias para la comunidad; es un refuerzo de la estabilidad y en estos momentos, como la crisis es tan profunda, es lo que toca y tendremos que asumirlo", ha recalcado la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
aguiló apoya las sanciones
El vicepresidente económico de Baleares, Ignacio Aguiló, también apoyó la posibilidad de sancionar a las comunidades al considerar que es importante dar un "mensaje de confianza".
Por su parte, el responsable de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, defendió la "necesidad imperiosa" de cambios normativos a nivel estatal que permitan a las comunidades reducir su gasto estructural.
Tras reiterar que Madrid estudiará bajar el tramo autonómico del IRPF en función de los ingresos que los Presupuestos Generales del Estado le otorguen, no opinó sobre las sanciones porque su comunidad, dijo, siempre ha cumplido con la estabilidad presupuestaria y "siempre" lo hará.
La consejera gallega de Hacienda, Elena Muñoz, tampoco quiso hacer comentarios y ha presentado a su comunidad como una administración que llega "con los deberes hechos" y que se encuentra ya en la senda de los ajustes planteados por el Gobierno central.
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