Las últimas informaciones le habían puesto en el punto de mira, pero no ha sido hasta esta semana cuando se ha conocido la versión oficial. El juez de instrucción José Castro decidió este jueves levantar el secreto de sumario de la 'operación Babel', que investiga las supuestas irregularidades cometidas por Iñaki Urdangarín en su etapa al frente del Instituto Nóos. Son más de 2.000 folios que el Duque de Palma deberá explicar el próximo seis de febrero, la fecha elegida por el juez para que declare en calidad de imputado. La Casa Real se ha limitado a mostrar "su respeto" a esta decisión.
Junto a Urdangarín, declararán como imputados otras ocho personas, entre las que se encuentra su principal socio, Diego Torres. Todos ellos deberán aclarar su gestión al frente del Instituto Nóos. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esta fundación sirvió como tapadera para desviar fondos públicos y privados y "apoderarse" de ellos.
Según revela el auto dictado por el juez Castro, "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma de control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro" para "rodearse del prestigio social" y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".
Mediante este organismo, ambos ofrecían servicios a precios "totalmente desproporcionados". En el caso de Baleares, consiguieron desviar 2,3 millones de euros procedentes del Gobierno de Jaume Matas por dos foros sobre turismo y deporte. Un precio excesivo, según el auto, que fue fijado "sin analizar coste alguno".
La Fiscalía sostiene que estos hechos podrían ser constitutivos de varios delitos, entre los que se encuentran el de falsedad documental, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
El Duque de Palma podrá defenderse el próximo seis de febrero a partir de las 9.00 horas, aunque el juez ha precisado que podría adelantar su declaración "si así le interesa". No obstante, advierte también que, si no se presenta, la orden de comparecencia podría convertirse "en una orden de detención".
Por el momento, guarda silencio, aunque su abogado y portavoz, Mario Pascual Vives, ha asegurado que, con su imputación, se le está dando "la oportunidad de empezar a defenderse".
La posición de la Casa Real
Tras conocerse la imputación del Duque de Palma, un portavoz de Zarzuela se adelantaba a mostrar "el más absoluto respeto" que la Casa Real tiene "a las decisiones judiciales".
Se trata del último intento de la Corona por distanciarse de las actividades presuntamente irregulares de Urdangarín. Un camino que comenzó el pasado 8 de noviembre -tras el registro de la sede del Instituto Nóos- y que se ha intensificado en las últimas semanas.
El punto de inflexión llegó el pasado 12 de diciembre, cuando el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, convocó a los medios para anunciarles que el Duque de Palma dejará de participar en las actividades oficiales de la Corona. El futuro de la infanta Cristina quedó en el aire. "Ya se verá", concluyó.
Aquel día también se anunció que la Casa Real publicaría, por primera vez desde 1979, un desglose de sus gastos. Un gesto inédito con el que se intentaba dar una imagen de transparencia.
Muy comentado fue también el discurso de Navidad de este año, en el que el Rey manifestó la necesidad de recuperar la credibilidad de las instituciones y llegó a decir que la Justicia debía ser igual para todos. Más tarde, sin embargo, pedía a los periodistas que no personalizaran sus palabras.
Su última aparición pública fue el 27 de diciembre, con motivo de la Apertura Solemne de la X Legislatura. Un acto al que, por primera vez, no asistieron las infantas Elena y Cristina. El monarca volvió a reiterar entonces la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos.
Mientras, Iñaki Urdangarín sigue desde su residencia en Washington todas las informaciones publicadas y trataba de causar los menos problemas posibles a los miembros de la Casa Real, "que nada tienen que ver" con sus actividades privadas.
La respuesta de los políticos también ha sido, por lo general, de apoyo absoluto a la Corona. Los dos partidos mayoritarios han insistido en varias ocasiones en la misma idea: la necesidad de separar las actividades de Urdangarín y la labor de la institución.
Rerpeto a la Justicia
PSOE y PP han seguido en esa línea de entendimiento y han reaccionado a la imputación de Urdangarín de la misma manera. Mostrando su "profundo respeto" por la decisión del juez y su deseo de que, con este proceso, "se esclarezca todo lo ocurrido".
En un comunicado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, aseguraba que la investigación judicial servirá "para clarificar los hechos y las responsabilidades", algo que espera que ocurra "cuanto antes".
Más críticos han sido el resto de los partidos. "Esto no ha hecho más que empezar", decía el coordinador general de IU, Cayo Lara. En un desayuno con los medios celebrado en Sevilla, Lara ha pedido "agilidad, eficacia, rapidez y garantías procesales" a la Justicia, pero también ha aprovechado para cargar contra los partidos mayoritarios.
"Habrá que ver si las actividades de Urdangarín y la investigación las sabían el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o si las conocían el principal partido de la oposición, que ahora está al frente del Ejecutivo".
A su juicio, la imputación del Duque de Palma conlleva "algo más que una persona. (Es) La imputación del ocultismo y la presunta corrupción, del silencio y el encubrimiento de actividades presuntamente delictivas", afirmaba.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también hablaba de los partidos mayoritarios y les pedía que siguieran el ejemplo del Rey, que "supo estar a la altura" al apartar al Duque de Palma de los actos oficiales. Una clara referencia al ex ministro José Blanco, al que Díez reclama que renuncie a su escaño por las acusaciones de cohecho formuladas por el empresario Jorge Dorribo. Precisamente, el miércoles se supo que el Tribunal Supremo investigará al ex ministro por esta causa.
Desde ERC, el diputado en el congreso Joan Tardá ha restado importancia a la imputación de Urdangarín. "La noticia no reside en el hecho de que haya sido imputado", decía, "puesto que sólo faltaría que la Justicia hubiera establecido una excepcionalidad". "El verdadero debate es el del mantenimiento de los privilegios y opacidades generadoras de corrupciones".
En este sentido, ha criticado también que el Parlamento no tenga capacidad para controlar todas las actividades económicas, fiscales y financieras de los miembros de la Casa Real y se "contente con la cortina de humo que significa la publicación parcial de algunos gastos".
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