La Comisión sobre el Valle de los Caídos recomienda sacar los restos de Franco

Sin embargo, el traslado de los restos de Franco no ha contado con el apoyo de tres miembros de la Comisión, que han manifestado su postura contraria a esta exhumación.
Los dos presidentes de la Comisión, Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano, presentaraon ayer junto al ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, las conclusiones que han alcanzado tras cinco meses de trabajo y que están basadas en una "resignificación" del Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar en memoria de "todos" los fallecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista posterior.

En este contexto, el informe subraya la intención de despojar al recinto de cualquier connotación ideológica y política y sostiene que esto sólo será posible si en él únicamente permanecen los restos de los muertos durante la guerra, ante lo que recomienda que los restos de Franco sean trasladados "al lugar que considere la familia" o a aquel "que sea considerado digno y más adecuado".

Consenso

Para la Comisión de Expertos, este traslado sólo debe llevarse a cabo con un gran consenso social y de todo el arco parlamentario. Pero además, dado que la Iglesia tiene competencia plena sobre el interior de la Basílica, que es donde se encuentran los restos de Franco, la exhumación sólo sería posible con su autorización, por lo que anima al Gobierno a buscar un acuerdo con las autoridades eclesiásticas pertinentes.
En cuanto a la familia del dictador, los dos presidentes de la Comisión han desvelado que mantuvieron una reunión con su hija, Carmen Polo, que han calificado de "cordial", y en la que ella les pidió que los restos de su padre permanezcan en el lugar donde fueron enterrados en 1975. Además, les recordó que el Valle de los Caídos para su enterramiento fue una decisión del Gobierno de entonces, presidido por Rafael Arias-Salgado, porque su padre nunca había manifestado su deseo de ser enterrado en el lugar.

Pese a ello, tanto Virgilio Zapatero como González-Trevijano han coincidido en la necesidad de consultar a la familia cualquier decisión que se tome al respecto pero, al contrario que lo que sucede con la Iglesia, han reconocido que su posición no es vinculante y el Gobierno tiene potestad para contradecir su deseo.