La Unión Europea podrá imponer a España una multa del 0,1 por ciento del PIB -que equivale a 1.000 millones de euros- si no toma medidas para rebajar su elevada tasa de paro. El alto nivel de desempleo persistente será uno de los criterios utilizados por Bruselas para lanzar el nuevo procedimiento sancionador por desequilibrios excesivos, que se ha creado para identificar en fase temprana posibles problemas y prevenir así futuras crisis de deuda.
La tasa de paro de España es la mayor de la UE desde el inicio de la crisis (22,6 por ciento de la población activa según los datos de Eurostat correspondientes a septiembre) y duplica ampliamente la media comunitaria (10,2 por ciento).
Los ministros de Economía de la UE aprobarán previsiblemente este martes la lista de indicadores que se utilizarán para lanzar expedientes por desequilibrios excesivos, según han informado fuentes europeas. Por primera vez, se incluye el nivel de desempleo, que hasta ahora no había figurado en las discusiones y que perjudica especialmente a España. El indicador se calculará según la media de paro de los últimos tres años y el procedimiento sancionador se activaría cuando se supere el umbral del 10 por ciento.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha admitido que la tasa de paro "es una variable importante" en "los desequilibrios macroeconómicos". "En todo caso, somos los primeros interesados en reducir nuestros niveles de paro y por lo tanto vamos a trabajar para que así sea", ha dicho al ser preguntada por qué le parecía la inclusión del desempleo en la lista de indicadores.
Una vez iniciado el expediente por paro excesivo, la UE exigirá al Estado miembro afectado que adopte medidas correctivas en un determinado plazo. Los plazos serán más flexibles que en los expedientes por déficit excesivo ya que se considera que los desequilibrios excesivos no dependen tan directamente de la acción del Gobierno. Si el país expedientado adopta las medidas que exige Bruselas, el procedimiento se paralizará a la espera de que se corrija el desequilibrio excesivo.
Pero si el futuro Gobierno desoye las exigencias de la UE, que en los últimos meses ha pedido a España la introducción del contrato único y la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, se le podrían imponer multas de hasta el 0,1 por ciento del PIB. Las sanciones serían semiautomáticas, es decir se aprobarían a propuesta de la Comisión salvo que una mayoría cualificada de países las tumbe.
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