Sindicatos y patronal se oponen a algunos de los cambios laborales que el Gobierno pretende poner en marcha. Los sindicatos critican la suspensión del límite de tiempo para ligar contratos temporales, una medida que podría durar dos años y que el Consejo de Ministros pretende aprobar como parte del borrador del decreto que estudiará este viernes. Elena Salgado, vicepresidenta económica, insinuó ayer que los reunidos también podrían aprobar un aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas.
El Ejecutivo quiere suspender el actual límite para encadenar contratos temporales, como consta en el borrador del Real Decreto-Ley que llevará el viernes al Consejo de Ministros. Según se precisa, la regla vigente, "lejos de fomentar la contratación indefinida", puede estar produciendo "efectos indeseados" de no renovación.
El artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que adquirirán la condición de fijos "aquellos trabajadores que, en un plazo de treinta meses, hubieran estado contratados durante más de dos años, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas mediante dos o más contratos temporales". El artículo quedará suspendido durante dos años.
El Gobierno también pretende cambiar el contrato de formación. De acuerdo con el borrador, se podrá realizar a jóvenes de entre 16 y 25 años que carezcan de cualificación profesional alguna, hasta el 31 de diciembre de 2013. La modalidad también podrá efectuarse con jóvenes de hasta 30 años sin cualificación. En el caso de celebrarse con personas con discapacidad, no habrá máximo de edad.
Es una manera de que los jóvenes combinen trabajo y formación, por lo que el empleado tendrá que recibir clases en un centro formativo reconocido por el sistema nacional de empleo. La actividad laboral que realice en la empresa tendrá que estar relacionada con lo que esté aprendiendo. El sueldo que perciba deberá ser proporcional al salario mínimo interprofesional (SMI) y el trabajador estará eximido de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social.
La duración del contrato será de dos años, aunque podrá prorrogarse otro año más, en función de las necesidades formativas del trabajador o de las necesidades organizativas de las empresas. Después, el empleado no podrá volver a ser contratado del mismo modo.
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