OTR PressMadrid29/07/11 0:00
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Un fracaso rotundo", un encuentro en el que el Gobierno "se sacó de la chistera" un plan, para algunos "patético", para otros, "una broma". Es el resumen de lo que opinan las comunidades 'populares' del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles. Como si de otra cita se tratase, el Ejecutivo dice de la reunión que transcurrió "sin tensión", que se produjeron "aproximaciones muy, muy buenas" y que se llegó a "un acuerdo en términos generales". La convocatoria sacó a relucir nuevas discrepancias sobre la deuda de una autonomía. Esta vez se trata de la andaluza; la formación de Génova denuncia que Moncloa establece la cifra en 6.000 millones de euros y el PSOE-A, en 3.500 millones: "No se ponen de acuerdo", en palabras de Rafael Carmona, responsable de Economía del PP-A.

Manuel Chaves, vicepresidente segundo y responsable de Política Territorial, aseguró este jueves que en el CPFF transcurrió "sin tensión". Es más, el socialista destacó que hubo "un consenso muy alto" en los principales asuntos. Por ejemplo, "todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo con el Gobierno en la necesidad de establecer una regla de gasto a través de una ley que tiene que ser aprobada en los parlamentos autonómicos".
La propuesta no tuvo "rechazo" alguno, explicó el ministro a RNE. También resaltó que los consejeros de Economía 'populares' están centrados en solucionar los problemas "reales" de los ciudadanos. En su opinión, esto contrasta con la actitud de Rajoy que sólo tiene el objetivo de "tratar de adelantar las elecciones".

Con el mismo optimismo, Ramón Jáuregui, responsable de Presidencia, sostuvo que la reunión fue "muy importante" y que se produjeron "aproximaciones muy, muy buenas". Estos acercamientos se produjeron en el marco de "los dos grandes temas que había": la devolución de la deuda de 2008 y 2009 y la fijación de un techo de gasto.

Los 'populares' abandonaron la cita con otra impresión. Esperanza Aguirre, presidenta madrileña, afirmó que lo acaecido "sería de risa si no fuera patético". A su juicio, el sistema de financiación favorece "a aquellas comunidades que interesan" y perjudica a otras.

De hecho, la dirigente contó que el Gobierno entregó "un sobre cerrado" a cada uno de los distintos consejeros para que supiesen con qué financiación cuentan. "Al consejero de Madrid, como es nuevo, le querían dar el de Canarias".

Madrid pretende impugnar la decisión de la vicepresidenta económica, de no compensarle "por la exención" del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. "Es muy bonito para el Gobierno quitar ese impuesto cuyos ingresos, en más de un 80 por ciento, venían a la Comunidad de Madrid", afirmó Aguirre.
La presidenta llamó a Salgado personalmente y ésta le aseveró "que se iba a producir una compensación". De ahí la impugnación, porque, según agregó la madrileña: "No se puede invitar a café si luego lo pagamos los demás".

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, también criticó la propuesta del ICO. Desde su punto de vista, la medida salió "a última hora y de la chistera" de Salgado, ante el temor de que la reunión terminase mal.