Las comunidades autónomas del Partido Popular pedirán hoy al Gobierno que permita devolver la deuda contraída con el Estado por anticipos a cuenta en un plazo de diez años, pues así se aliviarían las necesidades de financiación de unas autonomías afectadas en su mayoría por un alto nivel de déficit.
Los barones del PP consideran que la situación de las comunidades se caracteriza por una crisis de ingresos y por "la asfixia del sector público", y por ello, tal y como afirman en una declaración suscrita ayer, son apremiantes nuevas medidas que permitan que las arcas autonómicas dispongan de más recursos.
Para ello, según acordaron los barones durante la reunión que celebraron con Mariano Rajoy, proponen soltar menos liquidez al Estado debido a la moratoria del pago de la deuda contraída durante 2008 y 2009, y al mismo tiempo, recibir un porcentaje mayor de la liquidez total que se recoja en los anticipos a cuenta previstos por el Ejecutivo.
Como el PP dice que es el Gobierno el responsable de la deuda de las comunidades, sobre todo porque en esos años de 2008 y de 2009 dio un dinero que no se estaba recaudando, es el Gobierno el que, en consecuencia, ha de reparar este "problema de liquidez".
Así que además del aplazamiento del pago de la deuda, que los populares aumentan en cuatro años al ya establecido de seis, las regiones que gobierna el PP piden que el Estado regule un mecanismo de concesión de avales de la deuda autonómica.
En vez de estar cada una compitiendo entre ellas, y con diferentes tipos de interés, el partido de Rajoy quiere homogeneizar el sistema con esos avales estatales, que no se darían en cualquier caso, sino tras un análisis previo de adónde irán a parar los fondos y sólo para aquellas comunidades que cumplan la estabilidad presupuestaria y se ajusten a los techos de déficit.
El Consejo de Política Fiscal de hoy es un evento que el líder del PP considera "muy importante", pues está en juego la salud financiera del sector público autonómico. Rajoy lo venía reclamando desde la victoria en las elecciones del 22 de mayo.
En el PP se afronta la cita de hoy desde una posición de fuerza, como reconocen en la organización, ya que nunca antes había acumulado tanto poder territorial: de los 17 consejeros económicos que asistirán mañana, incluidos los de Ceuta y Melilla, trece son del Partido Popular.
La dirección del PP y los barones sostienen en su declaración conjunta que la actual crisis fiscal y el nivel de gasto público no se subsana mediante subidas de impuestos, pues ello perjudicaría el crecimiento económico a largo plazo, sino a través de "una reforma institucional del sector público" que delimite qué competencias asumen qué administraciones.
Es apremiante, precisan, una norma nacional que haga obligatorio el objetivo de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones, fijar los compromisos de gastos para los próximos años y penalizar, por irresponsables, a quienes incumplan la disciplina en el presupuesto, por ejemplo mediante la acumulación de "facturas en el cajón" sin pagar.
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