Los inmigrantes que tengan un hijo de nacionalidad española a su cargo podrán regularizar su situación en España gracias al nuevo "arraigo familiar" que contempla el borrador de reglamento de la Ley de Extranjería presentado ayer.
Unas horas después de la presentación del borrador, el Congreso acordó reformar dos artículos de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social de 2009 para mejorar la protección de las víctimas de violencia machista o de trata y redes de explotación sexual.
La reforma de la Ley, que el PP pretende que se tramite con carácter de urgencia, podría estar concluida en dos meses, el mismo plazo que el Gobierno calcula para la aprobación definitiva del Reglamento.
El borrador de Reglamento, que incluye 264 artículos, establece también que las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual podrán obtener un permiso de trabajo y residencia por cinco años, además de suspenderse el procedimiento de expulsión si se hubiera abierto por su irregularidad.
El texto también fija los requisitos para conseguir la regularización por "arraigo laboral" y "arraigo social", que se podrá conceder a extranjeros que acrediten su permanencia y trabajo durante más de dos años, o quienes hayan vivido en España al menos tres años. En ambos casos, deberán contar con un contrato de trabajo.
En cuanto al "arraigo familiar" -la situación de padres extranjeros de un niño español- se puede dar cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, con lo que el bebé se considera apátrida y automáticamente recibe la nacionalidad española.
Este situación puede ocurrir en el caso de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Cuba, entre otros, que decidan no inscribir a sus hijos en el consulado correspondiente como nacionales de esos países.
La propuesta de reglamento también establece que los informes de integración que elaboran las administraciones locales o autonómicas no serán vinculantes.
El texto deberá ahora pasar 15 días de consulta pública y recibir el visto bueno del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, que podría ser en unos dos meses.
Este es el mismo plazo de tiempo que el Congreso calcula que podría llevar la reforma de dos artículos de la Ley que acordaron ayer a propuesta del Grupo Popular si se tramita con carácter de urgencia.
El diputado del PP responsable de asuntos de inmigración, Rafael Hernando, defendió la necesidad de reformar los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley por considerar que no garantizan suficientemente la seguridad de las mujeres que denuncian malos tratos o explotación por lo que éstas no se atreven a denunciar.
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