El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer que el paro juvenil es el principal problema social y económico que tiene España, y dijo que "no va a ser fácil" reducirlo.
Zapatero respondió así en la sesión de control a una pregunta del presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre cómo valora la situación del empleo juvenil en España y añadió que el paro, además, es de carácter "estructural".
El presidente señaló que hay que saber que de esta crisis se puede salir con la convicción de que el país será capaz de superar el "drama estructural" de la economía española que lleva a España siempre a duplicar la tasa de desempleo en relación con Europa.
Tras el debate de Zapatero y Rajoy, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó al PP, en concreto a su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, que se preocupe mucho de las clases medias y de cómo les afecta la crisis sin que su partido haga una propuesta para aliviar su situación.
Sáenz de Santamaría culpó al Gobierno de ser el que más daño ha hecho al estado de bienestar en la historia de la democracia e hizo responsable a Rubalcaba de ello en la misma medida o más que a Zapatero.
El vicepresidente incidió en que hay dos procesos de reformas en curso, la del sector financiero y la del modelo de pensiones, ambas para garantizar el bienestar de los ciudadanos, también el de las clases medias.
reforma financiera
Respecto a la del sector financiero, la vicepresidenta Elena Salgado anunció que las cajas de ahorros, como entidades no cotizadas, podrían necesitar un nivel de capital básico de entre el 9 y el 10 por ciento de sus activos ponderados por riesgo.
Además, afirmó que el plan de reestructuración del sector no obedece a que haya agujeros en las entidades y, en declaraciones en el Congreso, aseguró que la cifra definitiva sobre los activos ponderados por riesgo se conocerá en el decreto ley que se aprobará el próximo mes. Algunas cajas ya mostraron el martes su temor ante la posibilidad de que el Gobierno les acabara exigiendo un nivel de capital básico de hasta el 8,5 por ciento, en lugar del 8 por ciento como a los bancos.
El Ejecutivo esgrime estas medidas con el argumento de restaurar la confianza del sistema financiero, aunque ello suponga unas mayores necesidades de "core capital".
El "core capital" es la proporción de los fondos de los que una entidad puede disponer libremente respecto a los activos ponderados por riesgo y según las normas internacionales de Basilea III tendría que ser de al menos el 7 por ciento, pero el Gobierno lo ha elevado al 8 por ciento.
La vicepresidenta indicó que el Ejecutivo contará con el asesoramiento del Banco de España y que tendrá en cuenta los datos que ofrezcan los ejercicios de transparencia que están llevando a cabo las entidades financieras y que tienen que aportar este mes.
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