TW
0

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera una "prioridad máxima" retrasar en España la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Según esta entidad, esa reforma generará un "significativo descenso" en el gasto futuro en pensiones, que de no llevarse a cabo la reforma podría registrar un "drástico incremento" entre 2030 y 2060. La OCDE considera además fundamental acometer la reforma laboral, propone introducir el contrato único y dar libertad a que empresarios y trabajadores se descolgaran de los convenios colectivos.

El retraso en la edad de jubilación debe completarse además con otras medidas para contener el gasto. A más largo plazo, la OCDE considera que los requisitos para acceder a una pensión, como por ejemplo la edad de jubilación o las prestaciones, deberían estar ligadas a la esperanza de vida. También pide introducir también de forma progresiva una fórmula de cálculo de la pensión que refleje la vida laboral completa de los participantes. "Lo último sería incrementar la relación entre las contribuciones y las pensiones", ha señalado esta entidad en su última encuesta económica sobre España.

Por otro lado, el 'Club de los países ricos' también defiende que, en la medida en que las mujeres jóvenes y de media edad se incorporan al mercado laboral, los requisitos para combinar las pensiones de supervivencia, que suponen una parte sustancial de gasto en pensiones, con otras prestaciones deberían limitarse, algo que ya prevé la reforma del gobierno español. La organización estima que el pago ampliado de los subsidios de desempleo para los trabajadores de mayor edad deben ser "gradualmente recortados y finalmente eliminados", al igual que las subvenciones para los planes de jubilación parcial.

También cree que un incremento en el periodo mínimo de cotización para lograr la pensión completa, actualmente en los 35 años, mejoraría los incentivos al trabajo, especialmente si se alarga el periodo para el cálculo de la prestación.

Además la OCDE considera que la reforma laboral en España supone la "piedra angular" en el proceso de reequilibrio y de mejora de la competitividad de la economía española.