Los ciudadanos que llegaron a los aeropuertos con caras sonrientes ante el inicio de unas cortas vacaciones se toparon con la indignación masiva. Los controladores aprovecharon el inicio del Puente de la Constitución para provocar el caos en el espacio aéreo al no acudir masivamente a sus puestos de trabajo.
El Gobierno organizó un gabinete de crisis presidido por el ministro de Fomento, José Blanco, y dio al colectivo hasta las 21.30 de la noche para incorporarse a sus puestos. Y es que esa hora entraba en vigor el real decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros por el que los militares pueden asumir el control del espacio aéreo.
Finalmente, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenó al Ejército, antes de las 23.00 horas, entrar en las torres y controlar el tráfico aéreo. Tras la firma de la orden del presidente, los militares se dirigían ya a los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias.
Caos, caos y más caos. Indignación, largas colas para reclamar, aviones que tienen que desalojar a sus pasajeros... La "huelga salvaje", calificada así por Fomento, paralizó el tráfico aéreo en todos los aeropuertos a excepción de Andalucía. Iberia canceló todos sus vuelos con salida de aeropuertos españoles hasta las 11.00 horas de este sábado y pedía a los ciudadanos que no acudiesen a los mismos.
Ante el "chantaje" de los controladores, como definió Blanco los hechos, el ministro convocó un gabinete de crisis presidido por él mismo. En el organismo participaron altos cargos de Fomento, el jefe del estado Mayor del Ejército del Aire, el general José Jiménez Ruiz, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón.
En una rueda de prensa en Fomento, Blanco dio entonces un ultimátum a los representantes del sindicato USCA, que agrupa al 97% de los controladores, para que depongan su actitud. Blanco anunció que a las 21.30 horas entraba en vigor el real decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros, y que, de no ocupar su puesto de trabajo, los militares podían tomar el control aéreo español.
Y finalmente así fue. El presidente Rodríguez Zapatero firmó poco antes de las 23.00 horas, según fuentes de Fomento, la orden por la que la actividad de los controladores queda bajo la organización, planificación, supervisión y control del Ministerio de Defensa.
Poco después, Alfredo Pérez Rubalcaba en una brevísima comparecencia ante los medios confirmó que, según la legislación vigente y "ante la situación de extrema gravedad", el Ministerio de Defensa asumía la dirección del control aéreo español.
En concreto, el real decreto aprobado por el Gobierno incluye dos medidas principalmente. La primera es que los servicios médicos de AENA podrán determinar si un controlador está o no capacitado para el ejercicio de sus funciones en el caso de que éste alegue su indisposición para desempeñarlas.
La segunda medida, explica el Ministerio de Fomento, es que "cuando el presidente del Gobierno encomiende a Defensa la asunción de la navegación aérea en el ámbito civil, en razón a la situación de emergencia prevista en la Ley de Seguridad Aérea, la actividad de los controladores quedará bajo la organización, planificación, supervisión y control de este Ministerio". Como finalmente así ha sido.
Militares se dirigen a Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias
Tras la firma por parte del presidente del Gobierno, mandos del Ejército del Aire se desplazaban a aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias para supervisar la gestión de los centros de control de vuelo.
Además en las bases del Ejército del Aire en Salamanca, Valladolid, San Javier, Talavera, León, Zaragoza, Cuatro Vientos y Torrejón se reforzaba el personal militar por si resultara "imprescindible" derivar vuelos a estas instalaciones.
También se enviaban militares a las torres de control de todos los aeropuertos que todavía permanecían abiertos. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias estaba en prealerta por si fuera necesario atender a personas que no han podido coger sus vuelos.
"Bajas masivas" y "Abandono del puesto de trabajo"
La interrupción del servicio aéreo y la posterior toma de control de los militares fue provocaba por la decisión de los controladores de presentar "bajas masivas" en varias dependencias, declarándose así "incapaces de prestar" el servicio y "abandonando su puesto de trabajo" sin presentar baja médica.
Así relataban lo sucedido desde AENA, que explicaban cómo esta situación obligaba a cerrar el espacio aéreo de Madrid y los aeropuertos de Barajas, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza, y que se extendía posteriormente a Canarias para más tarde abarcar prácticamente todo el espacio aéreo español.
Hasta las 23.59 horas eran 250.000 los pasajeros afectados por el cierre del espacio. AENA explicaba que dos horas después de iniciarse el turno de tarde, que comenzó a las 17.00 horas y coincidiendo con la rueda de prensa del presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, los controladores comenzaban a comunicar "su incapacidad" para continuar ofreciendo el servicio.
AENA advertía entonces a los controladores de que estaban cometiendo un delito, según el artículo 409 del Código Penal, al tiempo que les avisaba de que podían ser despedidos.
Concretamente, el citado artículo del Código Penal establece que "a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años".
Ante la "irresponsable" decisión de los controladores, AENA recomendaba a todos los pasajeros que no acudieran a los aeropuertos afectados, ya que el tráfico aéreo estaba "interrumpido".
AENA exigía "incorporación inmediata"
La presentación de estas bajas, que AENA calificaba de "concertadas y masivas" se estaban produciendo en "todas las dependencias", con especial incidencia en Madrid y Baleares. Por ello, el ente llamaba a los controladores a su "incorporación inmediata" para restablecer la normalidad del servicio y exigía que "abandonen el chantaje al que someten a la sociedad española tomando como rehenes a la sociedad".
"Esta irresponsable decisión está provocando graves perturbaciones en el tráfico aéreo de toda España. La decisión de paralizar el tráfico aéreo en el país es de una extrema gravedad que, además de constituir una falta muy grave que puede ser sancionada con el despido disciplinario de los controladores que se nieguen a trabajar, constituye un delito según el artículo 409 del Código Penal", señala la nota.
Por su parte, Daniel Zamit, portavoz de la USCA, hacía un llamamiento al colectivo de controladores "a la responsabilidad para que vuelvan a sus puestos de trabajo", aunque advirtió que se ha llegado a esta situación de abandono masivo ante la decisión del Gobierno de "volver a retorcer la Ley" en su contra.
"Venimos contando nuestra verdad desde el cinco de febrero y hay pocos gremios que en España por ponerse enfermos tengan que devolver los días a la empresa", subrayó, añadiendo que "Aena es incapaz de resolver los problemas y la gente está desquiciada". En este sentido, aseguró que la decisión de cerrar el espacio aéreo no había sido tomada por los controladores, "otra cosa es que a la gente se le haya ido la cabeza".
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