Londres indemnizará a los presos que fueron torturados en Guantánamo

Así lo señaló ayer el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica "admisión de culpabilidad" por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, "ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación".

Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo.

La alternativa a al pago de compensaciones que realizará el Ejecutivo británico a los 16 ex reclusos podría haber "comprometido la seguridad nacional" y habría resultado, según explicó ayer el titular de Justicia, en un proceso "largo y extremadamente caro", con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de libras (entre 35 y 58 millones de euros).

"Hemos pagado ese dinero para poder avanzar", subrayó Clarke sobre un acuerdo que representa, a la vez, "un paso adelante significativo para poner en práctica los planes del Gobierno de llegar a una resolución en estos asuntos por el interés de la Justicia y de la seguridad nacional".

El primer ministro británico, David Cameron, "ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos", según apuntó ayer Clarke.

Por su parte, los servicios de inteligencia británicos, el MI6 y MI5, que han negado en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura, consideraron que el acuerdo anunciado ayer permitirá a ambos organismos "concentrarse en la protección de la seguridad nacional", según indicaron en un comunicado.

Entre los ex reclusos que denunciaron al Gobierno por esos maltratos figuran Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga, que acusaron a los servicios de inteligencia británicos y tres departamentos del Gobierno de complicidad en las torturas y de no haber tomado medidas para evitarlas.

Por su parte, la directora del programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, advirtió ayer que la compensación económica "puede ser una parte importante del derecho a reparaciones de quienes son víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, pero es sólo una parte".

Duckworth recordó al Gobierno de Cameron, a través de una nota emitida en Londres, que "la necesidad de hacer pública toda la verdad sobre los atropellos de los Derechos Humanos y el deber de los Estados de exigir responsabilidades a los responsables sigue siendo esencial y no deben pasarse por alto".

En el caso concreto de Binyam Mohamed, de 32 años y vecino de Londres, tras ser detenido en Pakistán en el año 2002 y antes de que los norteamericanos le trasladasen a Marruecos, el ex recluso fue sometido a salvajes torturas, antes de ser enviado a Guantánamo, según denunciaron sus abogados.