Los familiares de las víctimas y afectados del vuelo JK5022 de Spanair hablaron ayer, cuando se cumplen dos años de la tragedia, de "desprotección total" por parte de la Administración y denunciaron la falta de medios y recursos judiciales del caso, aunque también agradecieron el apoyo brindado por el Ministerio de Fomento. En cuanto a la investigación y el informe final que debe emitir la CIAIAC en diciembre, la asociación se mostró confiada en que con la nueva composición del pleno de la Comisión "se reforme la tendencia imperante hasta ahora de cargar las culpabilidades al que no puede defenderse". "El accidente ni empezó, ni terminó con un error de los pilotos, la CIAIAC tendrá que hacer su trabajo", aseguró la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, Pilar Vera Balmés.
"Sólo somos noticia para la sociedad cuando se cumplen los aniversarios, no puede ser que en un país como éste, con los recursos que tiene, se sigan improvisando las actuaciones y luego se olvide a las víctimas", denunció Vera, con motivo del segundo aniversario de la tragedia que se cobró 154 víctimas.
"Estamos haciendo un esfuerzo titánico con escasos recursos para resolver problemas que nos afectan directamente, por la inexistencia de un órgano central coordinador de apoyos", denunció Vera, quien puso como ejemplo de protección a las víctimas al Estado francés, que se encarga "de amparar" a los afectados y de ahorrarles "el calvario" de enfrentarse "solos" a los "cuantiosos intereses" que se mueven alrededor de un accidente aéreo.
En este sentido, Vera denunció la desprotección de los afectados que, una semana después del accidente, comenzaron a ser contactados por bufetes de abogados norteamericanos. "En EE.UU, hasta 45 días después del suceso no se pueden acercar los abogados", señaló la presidenta de la asociación. "Una semana después de enterrar a las víctimas nos quedamos solos", aseveró.
"No entendemos por qué no se ha regulado la captación de clientes españoles por despachos de abogados americanos para una tragedia ocurrida en España, con víctimas en su mayoría españolas y asignada a un juez español para su investigación", reclamó.
A nivel judicial, Vera denunció que aunque la dedicación del juzgado número 11 a la tramitación de la causa es "muy relevante" la falta de medios técnicos está "demorando el proceso". Además, reclamó una mayor dedicación del fiscal al caso, calificando de "escasísimas" sus intervenciones.
A nivel administrativo, Vera denunció que no hay ayudas públicas para la aviación civil comercial, lo que supone "un trato discriminatorio" hacia otras víctimas" y destacó que la asociación es buscar la verdad para que no vuelva a repetirse nada similar. "No puede volver a ocurrir que las recomendaciones del accidente de Detroit de 1987 y las del incidente de Lanzarote de 2007, antecedentes inmediatos del nuestro, no fueran de obligado cumplimiento", recordó.
No obstante, la presidenta de la asociación de afectados tuvo palabras de agradecimiento para el ministro de Fomento, José Blanco y para su equipo que, dijo, han acogido sus propuestas, lo que se ha materializado en una serie de reformas llevadas a cabo en el último año.
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