Estados Unidos aprueba una ambiciosa reforma financiera

Ahora el texto será enviado para su firma, la próxima semana, al despacho del presidente Barack Obama, que se apunta así otro éxito político en su agenda, posiblemente el último antes de las elecciones legislativas de noviembre. El voto de ayer culmina un largo y complicado proceso, en el que la banca de Wall Street ha ejercido duras presiones para suavizar la regulación, y en el que los republicanos han peleado para que no se aumente la injerencia pública en el sector financiero.

Durante el proceso de negociación iniciado hace meses, el Congreso estadounidense ha barajado varias versiones, si bien la aprobada ayer por el Senado recoge el consenso de las dos cámaras. La ley reforma todas las áreas de los mercados financieros, desde cómo los consumidores obtienen sus hipotecas y las tarjetas de créditos a cómo el Gobierno puede desmantelar una firma financiera que ha entrado en quiebra.

No obstante, cuando Obama firme el texto, el trabajo de reforma no habrá concluido, pues la ley tendrá que ser desarrollada con 533 reglamentos elaborados por las agencias reguladoras.

Serán precisamente estas normas las que determinarán cómo afectará la legislación a la banca y a los particulares, si bien la intención general es aumentar la protección del consumidor y vigilar más al sector para evitar que se comentan de nuevo los excesos que condujeron a la crisis financiera iniciada hace dos años. En términos generales, la ley establece por primera vez una regulación de los derivados, unos mercados muy sofisticados que se situaron en el ojo del huracán durante el derrumbe financiero. La ley también establece nuevas reglas para la concesión de hipotecas, con objeto de prevenir los abusos.

Que corran el mismo riesgo
Entre los nuevos límites a la banca se establece el de usar su propio dinero para invertir junto a sus clientes en mercados especulativos, y se les impone exigencias más duras a la hora de calibrar el riesgo o reforzar su capital. La ley también obliga a los bancos a segregar sus negocios vinculados a los mercados de derivados, y otorga al Gobierno la capacidad no sólo de intervenir entidades que estén al borde del colapso, sino también de someterlas a una liquidación ordenada. Uno de los pilares es vigilar la venta de productos financieros y proteger a los consumidores.