Dos grupos hispanos anunciaron ayer que preparan querellas contra una ley promulgada en Arizona que convierte en delincuentes a los inmigrantes indocumentados en ese estado de Estados Unidos, mientras el Gobierno federal revisa si dicha norma conculca los derechos civiles.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, puso el viernes su firma en la legislación que refleja la impaciencia de su Estado, y de otros, por la falta de una política inmigratoria clara y firme del Gobierno del presidente Barack Obama y ante la presencia en el país de más de 12 millones de extranjeros indocumentados.
Obama, que calificó como "mal encaminada" la ley de Arizona antes que Brewer la promulgara, ordenó al Departamento de Justicia de que estudie la legislación para determinar si conculca las leyes federales de derechos civiles.
La ley autoriza a las policías del Estado a que detengan, interroguen y exijan documentos a las personas que los agentes tengan razones para creer que son inmigrantes indocumentados.
El Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país". MALDEF señaló que iniciará una querella legal contra le legislación de Arizona.
Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una querella legal en el ámbito federal para impedir que se aplique la ley de Arizona. "Millones de latinos en todo el país están conmocionados", sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesias evangélicas en todo el país incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.
La aprobación de la ley la semana pasada en la Asamblea de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera de México, después que un ranchero fue asesinado, supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
"No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas", dijo Brewer después que promulgó la ley. "Los ciudadanos en todo el país miran a ver cómo Arizona aplica esta ley, y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación".
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