El Tribunal Constitucional ha vuelto a fracasar en el intento de aprobar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, lo que ha llevado a dejar en manos de su vicepresidente, el conservador Guillermo Jiménez, la tarea de redactar un nuevo texto casi cuatro años después de la entrada en vigor de la norma.
El quinto borrador de sentencia, redactado por la magistrada Elisa Pérez Vera -del sector progresista-, ha sido derrotado por seis votos a cuatro en una votación celebrada por el pleno tras tres días intensos de deliberaciones que no han servido para que los magistrados que se oponían al texto hayan movido un ápice sus posiciones.
La consecuencia inmediata ha sido la renuncia de Pérez Vera a elaborar un nuevo texto, tarea que la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, ha encomendado a Jiménez, un magistrado de 70 años adscrito al sector conservador que, sin embargo, se ha desmarcado a menudo de la línea mantenida por este bloque.
El cambio de ponente y la necesidad de redactar un nuevo borrador supone un nuevo retraso de la esperada sentencia sobre el Estatut y hace muy difícil que el TC pueda tener una resolución antes de las elecciones catalanas del próximo otoño, por lo que la opción más lógica sería esperar a que se hayan celebrado los comicios.
De hecho, el texto que fue rechazado ayer comenzó a elaborarse a partir del pasado noviembre, tras varias votaciones "prospectivas" que revelaron que el cuarto borrador -entonces sobre la mesa- no tenía el respaldo suficiente para salir adelante, como tampoco lo ha tenido el quinto cinco meses después.
Aunque no debería empezar de cero, Jiménez tendría apenas dos meses para elaborar una sentencia y someterla a votación antes del verano sin interferir en el proceso electoral, ya que si superase ese plazo rompería la costumbre del Constitucional de no notificar sentencias "polémicas" en periodos previos a elecciones.
Además, y pese a la posición mantenida en ocasiones, el nuevo ponente es un magistrado conservador, lo que anticipa que habrá más recortes de los previstos en el borrador de Pérez Vera, que aunque anulaba 15 artículos de la carta catalana e interpretaba otros veinte, salvaba el término "nación" recogido en el preámbulo por su falta de valor jurídico.
Otro de los escenarios posibles, aunque también parece lejano, es que el PSOE y el PP se decidan por fin a llegar a un acuerdo sobre la renovación de los cuatro magistrados del TC que ya han visto expirar su mandato, entre ellos el propio Jiménez, que desde finales de 2007 está en funciones y tendrá que redactar la sentencia en situación de "interinidad".
En cualquiera de los casos, el acuerdo no parece fácil, como ha demostrado la última votación, en la que los diez magistrados que componen el pleno -Pablo Pérez Tremps fue recusado por el PP- si algo han demostrado es su inmovilismo.
Así, a favor del último proyecto sólo han votado cuatro de los progresistas: la propia presidenta, la ponente y los magistrados Eugeni Gay y Pascual Sala.
De este bloque se ha desmarcado Manuel Aragón, que pese a su adscripción progresista -fue designado a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- ha sido uno de los más críticos con los aspectos del Estatut que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes, el escollo que parece haber impedido el acuerdo.
Con su voto en contra, Aragón se ha aliado con los magistrados del bloque conservador, compuesto por Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde.
Ninguno de ellos ha estado dispuesto a ceder y nada hace pensar que sus "sensibilidades" vayan a cambiar ahora, lo que, de no producirse una pronta renovación del tribunal, puede convertir la sentencia del Estatut en una historia interminable.
Y es que Jiménez puede intentar atraer el voto de Aragón si satisface sus pretensiones sobre la definición de nación y los símbolos nacionales, pero parece difícil que el magistrado progresista suscribiera otros recortes al Estatut sin los que el nuevo ponente tendría imposible el respaldo de los conservadores.
Mientras tanto, quienes ayer respaldaron el texto de Pérez Vera -y muy especialmente Sala y Gay- no aceptarán una sentencia más restrictiva, por lo que conseguir una mayoría -que esta vez tendrá que ser de seis magistrados, porque ya no se podrá contar con el voto de calidad de Casas- se antoja inviable.
Por otra parte, la Plataforma Dret a Decidir convocó ayer una "gran movilización" en Barcelona para el próximo 12 de junio en favor del derecho de autodeterminación.
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