Unos 19,8 millones de iraquíes se disponen a acudir hoy a las urnas en las segundas elecciones parlamentarias en Iraq tras la caída del régimen de Sadam Husein; unos comicios que se celebran después que las instituciones políticas iraquíes consiguieran superar, a medio camino entre la voluntad y el compromiso, dos gravísimos escollos que en cualquier otro contexto hubieran supuesto una parálisis política total: la anulación inicial de más de 500 candidaturas suníes de asociados al partido Baaz del fallecido ex dictador iraquí y la costosa reforma de ley electoral para la Gobernación de Kirkuk.
Nadie desea que se repita la misma situación de 2005, cuando las fuerzas políticas suníes se cerraron en banda y organizaron un boicot que arrastró al país al borde de la guerra civil. Cinco años después, la situación es diametralmente distinta: los suníes no sólo han mostrado su voluntad de participar, sino que incluso han organizado tímidas campañas para llamar al voto ciudadano.
Su objetivo es despejar cualquier duda sobre el regreso a un enfrentamiento sectario, pero el repunte de la violencia registrado en febrero -352 muertos- y el aumento del índice de abstención (se espera un 64 por ciento de participación, frente al 80 por ciento de 2005) podrían hacer peligrar su meta.
Las siempre poco fiables encuestas en Iraq conceden ventaja a la coalición Estado de Derecho del primer ministro Nuri al Maliki, que ostenta una ventaja de unos ocho puntos respecto de su principal rival, la alianza secular Al Iraquiya del ex primer ministro Iyad Allawi. En tercer lugar se encuentra la Alianza Nacional Iraquí, que aglutina a los principales partidos chiíes del país: entre ellos el Consejo Islámico Supremo y el bloque parlamentario del clérigo Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país árabe.
En paralelo a las elecciones, también se celebrará hoy domingo un referéndum sobre el Acuerdo para el Estatus de las Fuerzas, el texto que regula la retirada de las fuerzas estadounidenses de Iraq que se espera concluya a finales de 2011. Es un referéndum concebido para "corregir o reformar" el acuerdo, según indicó Tariq Al Hashimi.
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