El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y de Seguridad Social con el objetivo de responder a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Así lo anunciaron en la conferencia de prensa posterior al Consejo, las vicepresidentas MªTeresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes destacaron que el Plan incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de la información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación, con la colaboración entre los organismos públicos.
El Gobierno prevé que el Plan aporte unos ingresos equivalentes al 0,1 por ciento del PIB que servirán para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas.
De la Vega señaló que con el Plan se reforzará la lucha contra los paraísos fiscales y el fraude con el triple objetivo de defender un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La vicepresidenta primera destacó que el Plan es una medida para reforzar la equidad económica y subrayó que está elaborado por la Agencia Tributaria, por la Inspección de Trabajo y por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Además, aseguró que se eliminarán trabas burocráticas y se posibilitará el acceso a las ayudas públicas a las empresas mediante un diagnóstico precoz de las irregularidades menores.
Asimismo, señaló que es un plan ambicioso, que da más información, que servirá para prevenir y ser más eficaces y eficientes en la lucha contra fraude, y también para defender "más y mejor" los derechos de los ciudadanos.
Salgado destacó que entre 2005 y 2009 el Plan de Prevención del Fraude Fiscal reportó a Hacienda 35.500 millones con la persecución de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados, cuya prevención es todavía más importante en tiempos de crisis.
Además, indicó que en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, "donde la intención primera no es recaudatoria", la Tesorería de la Seguridad Social obtuvo un ingreso adicional de 1.425 millones de euros, mientras que la Inspección de Trabajo recaudó 960 millones como producto de sus actuaciones.
También incidió en que el fraude distorsiona la actividad económica, supone una competencia desleal y es un ataque directo a los trabajadores y consumidores.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.