Garzón. El juez tendrá diez días para presentar alegaciones al Poder Judicial - Reuters

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad otorgar un plazo de diez días al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule las alegaciones que considere oportunas sobre el inicio de los trámites para suspenderle en sus funciones, en relación con las dos causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, defendió que esta medida "no tiene nada de excepcional" y que Garzón "tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a ser oído".

La Comisión ha aceptado escuchar al magistrado "por razones constitucionales", ya que entiende que la persona afectada debe pronunciarse "para que no se produzca indefensión".

Bravo, al ser preguntada por la decisión de la Comisión, aseguró que la medida "no tiene nada de excepcional" porque supone aplicar el artículo 24 de la Constitución Española. Además, agregó que "hay que tener en cuenta que estamos hablando de imponer una medida cautelar restrictiva". Por eso, explicó, se ha otorgado un plazo de diez días al magistrado para responder.

Fuentes del Consejo señalaron que se trata de la primera vez que esta medida es concedida, pero precisaron que esto se debe a que, hasta ahora, ningún juez cuya suspensión se estaba dilucidando en el CGPJ la había solicitado.

La Ley de Procedimiento Administrativo permite conceder esta audiencia al magistrado, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales tendrán en cuenta sus argumentos, y no sólo los que exponga la Fiscalía, a la que ya se ha pedido informe sobre este asunto.

La decisión adoptada el martes pasado por el Consejo de pedir el citado informe al Ministerio Público supuso dar el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante.

La resolución de la Comisión Permanente se fundamenta en la recepción por este órgano del auto del magistrado del Supremo Luciano Varela -que instruye la causa contra Garzón por investigar las desapariciones del franquismo -, en el que éste expuso de forma contundente sus motivos para sentar a Garzón en el banquillo.