La Fiscalía no ve indicios suficientes contra aforados nacionales del PP

la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, una cuestión sobre la que fue preguntada expresamente por Garzón el pasado día 25. El magistrado señaló en una providencia que los últimos informes policiales apuntaban a casos de aforados nacionales, por lo que la causa debería elevarse al alto tribunal. En una escueta nota de prensa remitida ayer por el Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción ni siquiera menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, "en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de 'Exposición Razonada' tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana".
Añade que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará "sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción de la causa hasta tanto se resuelva la competencia por los Organos Judiciales competentes", concluye la nota. Por este motivo, puede concluirse que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales del PP. El día en el que Garzón elevó su petición a Anticorrupción distintos medios apuntaron que los posibles aforados serían el tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote. Por su parte, el propio Garzón negó "rotundamente", a través del Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional, que otro de los posibles aforados fuera el diputado Esteban González Pons, tal y como se señalaba en otras publicaciones.

Mientras, Garzón dejó ayer en libertad sin medidas cautelares al ex alcalde de Majadahonda, el popular Guillermo Ortega, tras tomarle declaración durante casi una hora sobre la 'operación Gürtel', según fuentes jurídicas. Garzón tomó esta decisión después de que las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell desestimaran solicitar la imposición de comparecencias para el ex regidor, que continúa imputado por los delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Por su parte, el ex alcalde de Boadilla del Monte, el popular Arturo González Panero, se negó a declarar ante el juez, hasta conocer de forma definitiva cuál será el tribunal encargado de instruir la causa, según informó su abogada, María Ramírez. Tras conocer su decisión de acogerse a su derecho constitucional a no prestar declaración dada su condición de imputado, el juez le dejó en libertad pero con la obligación de comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo a su domicilio, tal y como reclamaron las fiscales anticorrupción. La abogada del ex alcalde acusó a Garzón de imponer las medidas cautelares "como represalia" a la negativa de su representado a ser interrogado y denunció además que "nadie puede asegurar el secreto sumarial, ya que se han producido muchas filtraciones".

El ex primer edil acudió el pasado 1 de febrero a la Audiencia Nacional para declarar de manera voluntaria ante el juez antes de conocer su imputación. En ese sentido, explicó hoy su cambio de postura alegando que "no hay nadie que pueda asegurar qué tribunal va a tener la competencia de la causa dentro de 48 horas". "Vine a declarar cuando Garzón tenía la competencia, hoy no sabemos sobre quién va a recaer esa competencia, estaré encantado de declarar ante Garzón o ante quien sea, pero cuando se sepa la competencia", declaró González Panero a su salida de la Audiencia Nacional.

Por los mismos delitos Garzón también interrogó al empresario José Luis Ulibarri y al también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a los que dejó en libertad sin imponerles ningún tipo de medidas cautelares. De esta manera, ya son 27 los imputados que han sido puestos en libertad, y sólo tres los detenidos: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Garzón, candidato, entre 11, a presidir la Audiencia
Un total de once magistrados, entre ellos Baltasar Garzón, han presentado su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, que quedó vacante tras el nombramiento de Carlos Dívar al frente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, todos ellos deberán someterse a una entrevista ante los vocales que conforman la Comisión encargada de este tipo de funciones.
Garzón presentó ayer su candidatura, junto al también titular del juzgado central número 5, Ismael Moreno, ambos el día en que concluía el plazo para hacerlo. De este modo, hay finalmente once magistrados que optan ya a la presidencia de la Audiencia Nacional.