Barack. El ministro de Defensa israelí habla con soldados en Tzeelim

Barack. El ministro de Defensa israelí habla con soldados en Tzeelim

20/01/10 0:00
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Otr-press Madrid/Jerusalén
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitió ayer a trámite una querella contra el ex ministro de Defensa israelí Ben-Eliezer, así como contra otros seis altos cargos relacionados con las funciones militares y de seguridad del Estado hebreo por un bombardeo perpetrado por el Tsahal (Ejército israelí) en la Franja de Gaza en julio de 2002. La denuncia, presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, sostiene que en aquel ataque, dirigido contra un supuesto comandante de Hamas, murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños, un bombardeo que el juez califica de "desproporcionado". El actual ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, calificó la investigación de "alucinante".

El 22 de julio de 2002, un F-16 del Tsahal lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, supuesto comandante de Hamas, en el barrio de Al-Daraj, en la ciudad de Gaza. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo", explica el juez en su auto, hecho público hoy. En el bombardeo murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.

Por estos hechos, el magistrado investigará al ex ministro de Defensa y actual titular de Infraestructuras, Ben-Eliezer; al ex comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa Doron Almog; al presidente del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Moshe Ya'Alon; y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.
El magistrado de la Audiencia Nacional imputa a los siete responsables militares un delito contra la humanidad y califica el ataque como "claramente desproporcionado y excesivo". Además, advierte de que si las pruebas demuestran que la acción respondía a "una estrategia preconcebida o predeterminada" por parte de Israel, la Justicia podría calificar los hechos de una forma "más grave de la que inicialmente puede considerarse". El magistrado añade los hechos responden a un ataque contra la población civil de "inicio ilegítimo" ya que la acción tenía por objeto "la comisión de un asesinato, el de Salah Shehadeh, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud de principio de jurisdicción universal".

El magistrado ya ha cursado dos comisiones rogatorias a Israel y los territorios palestinos, la primera de ellas para comunicar el procesamiento a los siete responsables militares y la segunda para desplazarse personalmente a la Franja de Gaza, para interrogar a los testigos y los familiares de las víctimas.