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Otr-press Madrid/Valencia
La rebelión de los jueces ha puesto el pacto de justicia que antes del verano suscribieron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, al borde del precipicio. Aunque el propio Rajoy insiste que, pese a que sus reivindicaciones son justas, la huelga de los jueces no es lo mejor para solucionar el problemas, la "actual situación" hace que el pacto de Justicia "esté a punto de volverse a romper", según advirtió ayer el portavoz de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentan evitar por todos los medios un paro judicial y su vicepresidente, Fernando de la Rosa, afirmó que mientras existan "alternativas" y el "diálogo" con el Ejecutivo esté abierto convocar una huelga "no tiene sentido".
Los jueces, que han convocado una jornada de protesta para el próximo 18 de febrero y amenazan con una huelga en junio, exigen "más medios personales y materiales", una reivindicación que, según aseguro Rajoy, "tiene el apoyo del PP" porque además era uno de los "puntos básicos" con el que se presentaron a las pasadas elecciones generales de marzo. "No es de recibo que en España haya casi tres millones de asuntos sin resolver", dijo, para añadir que en las actuales condiciones "no se puede funcionar".

"Dicho esto, creo que en ningún caso sería razonable hacer una huelga, aunque apoyo sus peticiones", matizó el líder popular en declaraciones a Antena 3, en las que instó a Zapatero a reflexionar si "después de lo que esta ocurriendo con los jueces" es conveniente que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, siga en su puesto.

Y es que, cada vez que el ministro abre la boca "manda a 500 jueces más a la huelga", según Trillo que tras insistir una vez más en que la huelga "no es la solución" para solucionar el gran atasco del sistema judicial español, defendió a los magistrados ante la insuficiencia "absoluta" de medios materiales y personales, algo que es "responsabilidad de la Administración". El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP señaló que, ante la actual situación, su partido "está haciendo esfuerzos" por no romper el acuerdo alcanzado el pasado 23 de julio con el presidente del Gobierno aunque avisó que si las cosas no mejoran el pacto de Justicia "se volverá a romper".

Trillo también se refirió a la petición del PSOE para que las asociaciones de jueces acudan al Congreso a explicar sus reivindicaciones y advirtió que su partido no consentirá que esta comparecencia sirva para "amedrentarlas" o transferirles una responsabilidad que es "exclusivamente" del Gobierno. "Si el PSOE se empeña en seguir planteando la comparecencia en el Congreso de las asociaciones, no la impediremos; pero si ésta tiene por objeto amedrentarlas, de ninguna manera lo consentiremos", sentenció.

TODAVIA HAY TIEMPO
"Normalizar y no polemizar". Estas son las dos premisas que el CGPJ quiere que reinen a la hora de abordar las reivindicaciones de las asociaciones de los jueces ya que todavía hay tiempo suficiente para dialogar y avanzar en la dirección que piden los magistrados. ASí lo aseguró Fernando de la Rosa, el vicepresidente del CGPJ que, tras asistir al acto organizado en Valencia con motivo de la conmemoración del XVII aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta a manos de ETA, señalo que "cuando hay posibilidad de cumplir lo que han reclamado los jueces y las asociaciones, y se llegue a buen puerto", no sería "lógico" que se convocara una huelga.

Tras expresar su optimismo ante lo que considera una rectificación en la actitud de Bermejo convocando a los jueces ya que "hay una idea de diálogo", por lo que hay "estar esperanzados", De la Rosa quiso dejar claro que la Constitución Española "no restringe" el derecho a la huelga, porque es un derecho constitucional que a los jueces "no se les puede negar, como cualquier persona que ejerce un trabajo" en España.

LOS JUECES TENDRÁN AL INSTANTE LOS ANTECEDENTES DE LOSPENADOS
El próximo 27 de enero está previsto que esté operativa la nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que permitirá a los jueces conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados. La nueva herramienta ha supuesto una inversión de 1.230.500 euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.

La mejora de los sistemas informáticos es una de las medidas del Ministerio de Justicia para evitar que se repitan casos como el de la niña Mari Luz, y esta nueva aplicación va a permitir el acceso de los juzgados a toda la información sobre los antecedentes y condenas de los delincuentes de manera puntual y exacta, eliminando la utilización del papel.

La plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías es también una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces, que el pasado lunes anunciaron un acto de protesta el próximo 18 de febrero y amenazaron con una huelga el 26 de junio.

Uno de los puntos del "documento reivindicativo" de los jueces exige que una solución "urgente a la falta de conexión informática entre los juzgados de las distintas Comunidades Autónomas, que ahora son incompatibles, además de la intercomunicación de todas las bases de datos judiciales.

A fin de facilitar la transición entre la aplicación actual del Registro Central del Penados y Rebeldes y la que entrará en vigor a finales de enero, la Secretaría General de la Administración de Justicia ha remitido una circular a los secretarios judiciales, a la que ha tenido acceso EFE, explicando las novedades del sistema.