En un momento donde los conflictos armados proliferan por todo el mundo, varios países del norte y centro de Europa han anunciado su retirada de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, generando una profunda preocupación entre las organizaciones humanitarias internacionales y expertos en derechos humanos. Esta decisión, justificada por el deterioro de la situación de seguridad y supuestas amenazas militares, representa un peligroso retroceso para la protección de la población civil.
Las estadísticas son demoledoras: más del 80 % de las víctimas de estas armas letales son civiles. En España, donde se han desarrollado importantes programas de cooperación para la eliminación de minas en países afectados, esta noticia ha generado honda preocupación entre las organizaciones humanitarias que llevan décadas trabajando en este ámbito.
Las minas antipersona tienen efectos devastadores que perduran mucho más allá del fin de los conflictos. Según datos recientes, más de 60.000.000 de minas siguen enterradas en aproximadamente 60 países, causando unas 15.000 víctimas anuales. El coste de desactivar una mina puede alcanzar los 1.000 euros, mientras su fabricación apenas supera los 3 euros, una desproporción que refleja la magnitud del problema.
«Las minas antipersona no distinguen entre un soldado y un niño», afirman fuentes del Comité Internacional de la Cruz Roja, subrayando que los efectos de estas armas persisten décadas después de que terminan los conflictos. La experiencia en zonas como los Balcanes, Afganistán o Camboya demuestra que las familias intentando reconstruir sus vidas, los menores camino a la escuela y los agricultores trabajando sus campos continúan en riesgo de muerte o mutilación muchos años después de que los soldados hayan regresado a casa.
Retroceso histórico en la protección internacional
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, también conocida como Tratado de Ottawa, fue firmada en aquella ciudad en el año 1997 y ratificada por 164 países. De facto representa uno de los mayores logros del derecho internacional humanitario contemporáneo y España se adhirió a este tratado en 1999, completando la destrucción de sus arsenales en 2008, posicionándose como un firme defensor de la prohibición total de estas armas.
Los expertos señalan que la utilidad militar de estas armas es extremadamente limitada en comparación con su devastador impacto humanitario. «Sea cual sea su utilidad táctica, los Estados acordaron prohibirlas precisamente porque algunas armas simplemente son inaceptables en cualquier circunstancia», explica un portavoz de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona, organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Hace escasas fechas las autoridades estonias han adelantado que planean construir una veintena de búnkeres en la frontera con Rusia. Los planes incluyen colocar barreras antitanque, puestos de disparo e incluso la colocación de minas y explosivos. No en balde Tallin, junto a sus socios bálticos y Polonia, han iniciado los pasos formales para la retirada del acuerdo de Ottawa que restringe el uso de este tipo de elementos militares.
Espiral peligrosa: cuando se abandonan los compromisos humanitarios
Para algunas visiones, adoptar normas humanitarias en tiempos de paz para luego abandonarlas cuando surgen tensiones o conflictos supone malinterpretar completamente su propósito fundamental. Más preocupante aún es la justificación de que «el adversario no las respeta», lo que según el Comité Internacional de la Cruz Roja podría desencadenar una peligrosa espiral descendente en los estándares humanitarios internacionales.
En palabras de un diplomático español que participó en las negociaciones originales: «Abandonar estos compromisos no solo pone en riesgo a civiles inocentes, sino que debilita todo el entramado del derecho internacional humanitario que tanto ha costado construir».
Mientras algunos países europeos dan marcha atrás, España mantiene su compromiso con la Convención y con los programas de desminado humanitario. Desde 1998, nuestro país ha destinado más de 70.000.000 de euros a proyectos de asistencia a víctimas y eliminación de minas en regiones afectadas como Latinoamérica, África y Oriente Medio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reafirmado su posición mediante un comunicado: «En estos momentos de tensión internacional, es más importante que nunca defender los principios humanitarios que protegen a los más vulnerables durante los conflictos armados». La actual crisis no hace más que poner de manifiesto la fragilidad de los avances en derecho internacional humanitario. Con más del 80 % de los estados del mundo comprometidos con un futuro libre de minas, la comunidad internacional se encuentra ante una encrucijada: reforzar el estigma contra armas de impacto humanitario inaceptable o permitir un retroceso que costará miles de vidas civiles. El mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja es claro: «Con tantas guerras en marcha y tensiones en aumento, debemos defender el derecho internacional humanitario y la visión de un mundo libre de minas».
2 comentarios
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... eso no son sólo armas, son desechos muy peligrosos... es, literalmente, tirar la piedra y esconder la mano... los militares deberían ser MULTADOS por no hacerse cargo de lo que entierran por ahí, pues NO LO RECOGEN cuando terminan los conflictos, en parte porque son tan bobos que ya ni siquiera recuerdan dónde las enterraron...
Minas anti personas = muerte de civiles, niños, etc. No sirven para ganar guerras, sirven para que las fábricas de armas vendan más (como si, de estos tiempos, vendieran poco). No es correcto decir que nos merecemos la extinción, pero quién defiende algo así, se merecería pisar una mina antipersona en forma de mi ...