Fuerzas de seguridad tras el último ataque en París. | Reuters - STEPHANIE LECOCQ

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El Gobierno francés reconoce que hubo un error en el seguimiento psiquiátrico del yihadista que el sábado mató a cuchilladas a un turista alemán cerca de la torre Eiffel e hirió a otras dos personas, y quiere cambiar la legislación para poder imponer un examen por un especialista si hay sospechas. «Hicimos lo máximo que se podía hacer dentro del marco de la legislación actual», afirmó este lunes el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, ante los reproches de que no se impidió actuar al autor del atentado, Armand Rajabpour-Miyandoab, aunque estaba siendo vigilado por los servicios secretos.

Este joven francés de origen iraní había sido condenado en 2018 a cinco años de cárcel por preparar un atentado terrorista y al salir de la cárcel fue objeto de un seguimiento judicial y psiquiátrico hasta que eso fue posible legalmente. Los servicios secretos lo mantenían bajo su radar y en los últimos meses su madre advirtió de que, después de que su hijo hubiera abandonado el tratamiento psiquiátrico, le preocupaba su estado por lo que la Policía le propuso que pidiera su internamiento, pero finalmente no quiso.

Darmanin explicó que «hubo un error manifiestamente psiquiátrico» y dijo que para casos como éste, lo que propone es autorizar a la Policía a que se pueda obligar a un examen psiquiátrico de personas radicalizadas que se consideran al mismo tiempo perturbadas, algo que ahora no es posible. «Es lo que habría que cambiar», afirmó antes de reconocer que el estado de la psiquiatría en Francia no es ideal. También hizo notar que con una ley antiterrorista de 2021, que no se le pudo aplicar a este yihadista (porque salió de prisión en 2020) ahora se puede hacer un seguimiento psiquiátrico a los condenados por terrorismo durante cinco años.

El ministro contó que alrededor del 30 % de las personas fichadas por radicalismo islámico tienen problemas psiquiátricos. Recordó que hay 20.000 personas fichadas por radicalismo islámico, de las cuales 5.000 se consideran activas, dos tercios de las cuales están encarceladas o retenidas en espera de expulsión a sus países de origen. Estimó que hay «algunas decenas de casos» de personas que están en libertad y que se consideran «potencialmente peligrosos».

Este nuevo ataque terrorista se ha producido a ocho meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París y en uno de los puntos más visitados por los turistas que llegan a la capital francesa. Los organizadores de los Juegos Olímpicos, en un mensaje a EFE, insistieron en que la seguridad de todos está «en el centro de las prioridades» puesto que es «la condición de una gran fiesta abierta y popular».

«Los dispositivos de seguridad y los medios puestos en marcha para la seguridad de los Juegos no tendrán precedentes tanto en recursos humanos como en equipamientos», señalaron. Añadieron que se han tenido en cuenta «el conjunto de las amenazas, incluidas las terroristas» y que siguen trabajando de forma estrecha con las autoridades del Estado para «anticipar los riesgos».