Rafael Emiro Moreno. | Efe

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Desconocidos asesinaron la noche del domingo al periodista colombiano Rafael Emiro Moreno en el municipio de Montelíbano, en el departamento caribeño de Córdoba, informaron este lunes las autoridades. Moreno, director del diario digital Voces de Córdoba, era conocido en la región por las denuncias que hacía sobre casos de corrupción. La Fiscalía aseguró en sus redes sociales que una unidad especial está realizando «actos urgentes y actividades investigativas que permitan la identificación y judicialización de presuntos responsables del homicidio del líder social y periodista Rafael Moreno». El crimen fue perpetrado cuando Moreno estaba en un negocio de comidas rápidas de su propiedad y fue atacado por desconocidos que lo atacaron a tiros. "Repudiamos el vil asesinato del periodista e investigador Rafael Emiro Moreno Garavito en Montelíbano.

Rafael era un reconocido dirigente comunal en Puerto Libertador y director de un medio de comunicación", expresó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, en Twitter. Benítez dijo que solicitó a las autoridades «una exhaustiva investigación que permita esclarecer el hecho e identificar a los autores de este crimen». La Defensoría del Pueblo, por su parte, escribió en sus redes sociales: «Rechazamos el asesinato de Rafael Moreno, periodista y director de Voces de Córdoba, atacado por hombres armados en Montelíbano». «Nuestra Regional Sur de Córdoba hace seguimiento al caso para brindar el acompañamiento necesario. Instamos a las autoridades a investigar con celeridad», agregó el organismo.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, condenó el asesinato del periodista. «Se reporta que su esquema de protección habría sido retirado y esto acentúa el deber de investigación y sanción a las personas responsables. Mi solidaridad con familiares y colegas de Rafael», expresó en Twitter. Moreno había asegurado en sus redes sociales en noviembre de 2021 que renunciaba al esquema de seguridad que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según dijo entonces, tomó esa decisión porque consideraba que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas de la UNP «no es lo suficientemente responsable para determinar los riesgos de los evaluados», sin dar más detalles.