El comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, ha dicho a través de su cuenta de Twitter que se trata de un ejemplo de «solidaridad real puesta en práctica hacia personas desesperadas y vulnerables y también hacia otros Estados miembros», a la vez que ha agradecido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ejecutivo comunitario había instado este lunes a las autoridades italianas y maltesas a que se coordinaran para decidir cuál es el puerto al que debía dirigirse el barco de rescate de personas en el Mediterráneo 'Aquaris', que se encuentra detenido desde este domingo en un punto situado a 35 millas náuticas de Italia y 27 de Malta por orden de la Guardia costera italiana, con más de cien menores a bordo y varias mujeres embarazadas.
«Lo primero (para la Comisión) es el imperativo humanitario, estamos hablando de seres humanos, incluidos menores. La prioridad de ambas autoridades (italiana y maltesa) debe ser que estas personas reciban la atención que necesitan», ha asegurado en rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas.
No obstante «la Comisión no tiene competencia en la gestión de operaciones de rescate y búsqueda en el mar, ni de coordinación de las operaciones de rescate individuales», ha dicho por su parte la portavoz comunitaria de Migración, Natasha Bertaud, que ha insistido en que la legislación internacional no determina qué país debe hacerse responsable del desembarco sino que «establece criterios» para orientar esta decisión.
Sánchez ha dado instrucciones para que España acoja el barco 'Aquarius', que navega con más de 600 inmigrantes y refugiados «abandonados a su suerte», rescatados por MSF y Sos Mediterranée, cuya entrada a Italia ha sido impedida por el nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini, mientras que las autoridades maltesas han argumentado que es responsabilidad de los italianos.
El destino de este barco será el puerto de Valencia, previa coordinación con la Generalitat Valenciana. «Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional», ha añadido en un comunicado Presidencia del Gobierno.
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