«Este trabajo es para mí una misión, así que no voy a dimitir», fue la declaración con que se defendió el comisionado de la Oficina de Aduanas, Nicanor Faeldon, ante los medios después de que esta semana varios diputados y senadores pidieran su cabeza por el escándalo.
Duterte, sin embargo, ha reiterado su confianza en el funcionario, que él mismo puso al frente de Aduanas para acabar con la corrupción pero que en la actualidad está en el punto de mira por un asunto que ha agitado e indignado al país.
Todo comenzó a finales de mayo, cuando las autoridades incautaron en una residencia de Valenzuela (norte de Manila) un cargamento de 604 kilos de clorhidrato de metanfetamina, la droga conocida como «shabú» que causa estragos en las zonas marginales de Filipinas y a la que Duterte ha declarado una guerra sin cuartel.
El Senado, que investiga el suceso, lanzó una bomba esta semana al denunciar que el alijo de «shabú» -con un valor de unos 120 millones de dólares- había entrado al país por la «vía exprés», un canal especial reservado a importadores y empresas, bajo supervisión de la Oficina de Aduanas y que no requiere inspección por rayos X.
Así, cinco enormes cilindros metálicos etiquetados como «utensilios de cocina» y rellenos con el doble de su peso en droga pasaron frente a los ojos de los agentes de Aduanas y llegaron a su destino, donde finalmente fueron incautados por la Policía y la Agencia Antidroga gracias a un chivatazo.
El cargamento de droga no solo incumplía el principal requisito de la «vía exprés» (su importador no estaba registrado en Aduanas) sino que además provenía de China, país vetado para este canal especial, por lo que el Senado y el Congreso han denunciado la connivencia de altos funcionarios de Aduanas.
«Está claro que en el permiso de entrada de este alijo está involucrada la oficina de Aduanas y a saber quién más», denunció en la audiencia de esta semana Franklin Drilon, uno de los 24 senadores de la Cámara Alta que ostenta amplios poderes en Filipinas.
Para añadir más polémica al suceso, se descubrió que la Oficina de Aduanas manipuló el cargamento tras ser incautado a pesar de carecer de autoridad e incumpliendo todos los protocolos.
«El alijo se contaminó al estar expuesto a las manos de todos (los funcionarios de Aduanas). Incluso tenían selfies con la droga», criticó en una intervención televisada el director regional de la Agencia Antidroga, Wilkins Villanueva.
El comisionado de Aduanas respaldado por Duterte limitó su defensa con un ataque a la corrupción generalizada en los organismos gubernamentales del país.
«Debería daros vergüenza», espetó a la clase política filipina Nicanor Faeldon, tras asegurar -sin revelar nombres- que todos los días recibe llamadas, incluso del Congreso, para solicitar promociones ilícitas o rebajas de tarifas a cambio de mordidas.
Además de destapar posibles prácticas corruptas de alto nivel, el escándalo podría influir en la «guerra contra las drogas» del presidente Duterte, que en numerosas ocasiones ha arengado a policías y ciudadanos a eliminar traficantes y consumidores de shabú, generando un clima de impunidad para matar a sospechosos.
Esa campaña antidroga, que ha causado en poco más de un año 7.000 muertos en poco más de un año, ya fue suspendida por un mes a principios de año al destaparse prácticas corruptas, en ese caso de la Policía.
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