La orden tiene carácter vinculante pero su impacto es simbólico, ya que la administración Trump ya ha avanzado que no tomará medidas prácticas a este respecto hasta que no desarrolle un plan que pueda sustituir en su totalidad a la reforma sanitaria.
En cualquier caso, Trump indica que, en virtud del deber de su administración de tomar «todas las medidas que permita la ley para minimizar las injustificadas cargas económicas y regulatorias» de la reforma, pide a las agencias del Gobierno que permitan a los estados «más control y flexibilidad para crear un mercado sanitario más libre y abierto».
Es decir, las agencias federales deberán proporcionar ayuda a las autoridades de cada estado a eliminar algunos aspectos económicos especialmente gravosos de la ley, entre ellos el mandato que obliga a la mayor parte de los estadounidenses a adquirir un seguro médico, una de las facetas menos valoradas de la reforma de Obama.
Expertos consultados por la web Politico, como el analista de política sanitaria de la universidad de Duke, David Anderson, temen que esta decisión haga descarrilar el mercado de pólizas de seguros individuales, «incrementando el precio medio» de las mismas.
En este sentido, fuentes próximas al partido Republicano reconocen que todavía no es el momento de tomar decisiones drásticas. «Tanto la administración como el Congreso reconocen que ello podría tener un efecto desestabilizador, así que es una cuestión que van a aplazar hasta negociar una ley de reconciliación», en palabras un ex responsable de política sanitaria republicana, Chris Staffer.
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