Ágatha Ruiz de la Prada acompañada por sus hijos, Cósima (i) y Tristán Ramírez en una imagen de archivo. | Efe

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Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez están de enhorabuena. Tal y como informa este viernes Vanitatis, «su hijo Tristán se ha convertido en padre primerizo este mismo viernes de una niña a la que han llamado Deva». Aunque apenas han trascendido detalles de la dulce espera, la noticia del nacimiento se ha conocido el mismo día en el que se ha producido.

Fue en el mes de octubre cuando saltó la noticia: «Nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses», confesaba la propia diseñadora en una entrevista. La modista se enteró de que iban a ampliar la familia a finales de verano y aunque siempre ha mantenido que tenía ganas de ser abuela, no esperaba que sus hijos se animasen. Tristán, de 36 años, es el consejero delegado (CEO) de la compañía de su madre y su pareja, una reputada científica vasca, trabaja como investigadora en la universidad.

Un nacimiento que llega en un momento complicado para Ágatha ya que hace escasas semanas la Audiencia Nacional ordenó la demolición forzosa de la piscina de Pedro J. Ramírez. Ágatha, que es la actual usufructuaria de la piscina de su exmarido, no lo da todo por perdido y en declaraciones a Vanitatis, señaló: «Es la historia interminable. Seguimos con juicios, con recursos, y son los abogados los que se encargan del tema. Por lo que sé, hay un recurso de casación en marcha y, por lo tanto, lo único que puedo decir es que llevamos años siendo portada de ese medio».

«Más que agobiada, estoy acostumbrada. No te puedo decir más. Ahora de lo que estoy pendiente es de que me llame mi hijo Tristán para decirme que ha nacido el bebé. Estoy encantada de convertirme en abuela», indicó. La Audiencia Nacional, sin embargo, da el debate por zanjado y ordena la demolición forzosa en un auto notificado el pasado mes de marzo. Eso implica que, en caso de que no se lleve a cabo, la administración puede ejecutar el derribo por su cuenta y luego pasar la factura a la propiedad o, incluso abre la puerta a la posibilidad de que se impongan multas mientras no se ejecute.