Hay urbanizaciones en Balears en un limbo legal, con una titularidad ambigua que beneficia a ayuntamientos y deja a vecinos desamparados y desatendidos en tierra de nadie. Son zonas legalizadas pero no recepcionadas, lo que significa que pagan impuestos religiosamente pero asumen todos los costes de mantenimiento de su área.
Los ciudadanos costean los servicios habitualmente públicos: sus farolas, tanto el consumo eléctrico como del deterioro de los elementos; el asfaltado de sus calles y la pavimentación de sus aceras; cualquier vandalismo en su mobiliario urbano, incluido el robo de cobre; una avería en el suministro de agua potable; la retirada de escombros que con nocturnidad y alevosía ha tirado algún incívico para ahorrarse las tasas en un depósito controlado... Dotaciones que cualquier consistorio soporta en sus núcleos urbanos.
Sin embargo, los vecinos que viven en esas urbanizaciones abandonadas por la administración aportan fiscalidad que redunda en sus presupuestos y beneficia al conjunto de la comunidad. Abonan el IBI y las tasas de basuras y son muy golosos para las arcas municipales por la recaudación derivada de la concesión de licencias de obras.
En conclusión, pagan los mismos impuestos que cualquier otro habitante del municipio, además de sostener todas las zonas comunes, que no son públicas aún, pero tampoco privadas, lo que impide, por ejemplo, cerrarlas al paso de conductores o sujetos ajenos. De este modo, suelen ser destino elegido para botellones y fiestas particulares que dejan bonitos souvenirs como envoltorios de comida basura, envases y preservativos usados.
A los ayuntamientos les interesa eternizar ese estado de ‘sí pero no’, porque resultan muy rentables. Así, suelen marear la perdiz con requerimientos, algunos insignificantes, que constan en los planes parciales de urbanización, muchos desfasados porque se aprobaron hace varias décadas. Pero hay técnicos obstinados en no aceptar los avances, pese a ser más que suficientes. Y, en cualquier caso, una vez se certifique el cumplimiento deberán pasar 10 años para que el ayuntamiento recepcione esa urbanización que seguirá dándole o quitándole votos, y que sí o sí le aporta suculentos fondos.
No funcionan mal. Suelen organizarse de forma eficaz, y si con suerte hay un presidente de comunidad honrado y resolutivo, la gestión será mejor que la de un alcalde.
