Ya que el 2025, por obra y voluntad del Sr. Sánchez, España celebrara el año «francopostelano», es bueno recordar que uno de los episodios más deliberadamente ignorados por la narrativa oficial del Gobierno es el golpe de Estado socialista de 1934, una insurrección violenta contra la legalidad republicana. Fue precisamente bajo el liderazgo del PSOE y figuras como Largo Caballero e Indalecio Prieto, que los socialistas intentaron derrocar al Gobierno republicano, legítimamente elegido y constituido en 1933.
La revuelta, que tuvo su epicentro en Asturias, dejó un saldo de más de 1.300 muertos y una devastación generalizada, incluyendo la destrucción de iglesias, conventos y patrimonio cultural. Fue el primer intento directo de subvertir la democracia republicana y evidencia que la izquierda no era un baluarte republicano y menos aún democrático, como algunos pretenden retratar.
De ahí que es obligación ética, moral y política denunciar la perversión que Sánchez pretende hacer de la realidad histórica de la II República, la Guerra Civil y el Franquismo.
Es curioso observar que el Gobierno Sánchez omite que en las elecciones de 1936, figuras claves del Frente Popular habían advertido que no aceptarían otra cosa que no fuera su victoria. Líderes como, otra vez, Largo Caballero declararon que, si perdían, «la respuesta sería la guerra». Este clima de intolerancia y violencia llevó a un deterioro irreversible del sistema republicano, exacerbando la polarización que desembocó en la Guerra Civil.
Una imagen vale más que mil palabras. Foto: libremercado.com
Hay que insistir una y otra vez, que el Frente Popular no solo socavó la democracia republicana, sino que fue responsable de numerosas atrocidades durante la contienda. Recordemos una vez más las masacres de Paracuellos, supervisadas por Santiago Carrillo, y el genocidio perpetrado contra la iglesia católica con más de 7.000 clérigos, religiosos y laicos asesinados por su fe. Los crímenes del bando del Frente Popular, mal llamado republicano, constituyen un capítulo oscuro que no puede ser ignorado si se pretende abordar la historia con honestidad.
El Gobierno de Sánchez no solo omite los crímenes del Frente Popular, como ya hemos dicho, sino que exalta a figuras cuya actuación fue profundamente violenta y asesina. Largo Caballero, lejos de ser un defensor de la democracia y la república, abogó por la revolución violenta y lideró una política de enfrentamiento que contribuyó a la polarización de la sociedad española y Sánchez se ha convertido, en pleno siglo XXI, en su alumno más aventajado.
Si hablamos de Manuel Azaña, aunque más moderado en comparación con Largo Caballero, no estuvo exento de responsabilidad. Como presidente de la República, su incapacidad para contener la violencia y su tolerancia hacia la represión frente-populista radical erosionaron la legitimidad de su Gobierno. Su famosa frase: «Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano», pronunciada tras los incendios de iglesias en mayo de 1931, ejemplifica su actitud ambigua hacia la violencia anticlerical.
Por su parte, Juan Negrín, como jefe de Gobierno, no solo supervisó la entrega del oro del Banco de España a la Unión Soviética, sino que también permitió la creciente influencia comunista en el bando frente-populista, contribuyendo al sometimiento de España a los intereses de Stalin y negándose a pactar la rendición de las tropas del Frente Popular con Franco, de ahí que la guerra se alargara hasta 1939 en que el Frente Popular fue totalmente derrotado.
No me cansaré de repetir que en lugar de alimentar divisiones reviviendo rencores, lo que España debería celebrar son los logros de la reconciliación nacional. La transición democrática, liderada por figuras como el Rey Juan Carlos I, simbolizó el abrazo entre las dos mal llamadas Españas y la Constitución de 1978, fruto del consenso entre fuerzas políticas diversas, estableció un marco de convivencia que permitió superar décadas de enfrentamiento.
Pedro Sánchez, sin embargo, parece decidido a ignorar este legado, utilizando la memoria histórica como un arma política. Por desgracia para España y los españoles, el enfoque del Gobierno no busca justicia ni reconciliación, sino consolidar un relato oficial que refuerce su agenda ideológica consistente en la exclusión de las víctimas provocadas y ejecutadas por el Frente Popular, que evidencian una voluntad de dividir a los españoles en lugar de unirlos.
Reitero, España no necesita una memoria histórica fragmentada y parcial, sino un relato integrador que reconozca los errores y horrores de ambos bandos. Honrar a las víctimas del franquismo es justo, pero olvidar los crímenes del Frente Popular y los logros de la transición democrática es una indignidad, una injusticia y una afrenta a nuestra historia más reciente.
Pedro Sánchez debería abandonar su estrategia de polarización y apostar por una visión integradora que celebre los valores de consenso y libertad que permitieron construir la España democrática que hoy disfrutamos y que parece que algunos quieren destruir. Entiéndase por algunos el actual PSOE -mejor dicho, Sanchismo-, ERC, los Bildu-etarras y Podemos, principalmente.
La verdadera memoria histórica no consiste en elegir qué recordar y qué olvidar, sino en reconocer todos los aspectos de nuestro pasado para construir un futuro más justo, más libre y reconciliado. Sr. Sánchez, España no necesita declarar el año 2025 como año «francopostelano».
