Los Acuerdos de la Moncloa fueron la operación de política económica probablemente más importante de la historia de España del siglo XX, cuyo fruto introdujo el sistema democrático en la política española, que afortunadamente hoy prevalece. Son elocuentes los juicios al respecto de algunos de sus artífices, líderes en sus correspondientes partidos políticos.
Dice Carrillo: «los Pactos de la Moncloa son el acuerdo progresista más serio que se ha realizado en nuestro país desde los años treinta entre fuerzas obreras y burguesas. Pocos son los que se han parado a ver que en ellos se sientan las bases de la sociedad civil, de derecho, democrática, que luego se plasman en diversas leyes y en la Constitución» («Memoria de la transición», Grijalbo, 1983, 53). Y en otro texto añade: «es cierto que los pactos de la Moncloa no se cumplen más que en parte, yo diría que una parte que no deja de tener importancia» (1983, 56). Luís Gámir escribe que «fue la operación de política económica más importante» («Contra el paro y la crisis en España», Planeta, 1985, 101).
Los líderes políticos, con representación parlamentaria, los días 8 y 9 de octubre d 1977, se reunieron en la Moncloa, para analizar la economía española, encargando a expertos vías de solución a los problemas, a corto y a largo plazo, bajo la dirección del profesor Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente del gobierno, que sería substituido por Fernando Abril Martorell. La Constitución no hubiese sido posible sin el ajuste económico derivado de los Acuerdos de la Moncloa; y el gobierno a tal efecto superaría el examen.
El objetivo de los Acuerdos fue la reconciliación y concordia entre todos los españoles y partidos políticos, sindicatos y fuerzas sociales diversas. El fundamento de los Acuerdos fue el «Programa de Saneamiento y Reforma Económica», de principios de septiembre de 1977.
Los desequilibrios eran los siguientes: 1) La inflación, con cotas próximas al 30 % a finales de 1977, siendo sus causas: a) desmesuradas alzas salariales (1975-1977); b) caída de la productividad; c) alza de los precios internacionales, resultando la devaluación de la peseta respecto al dólar, de un 10 % en 1976 y de un 20 % en 1977. 2) El saldo negativo de la balanza corriente, recogiendo la especulación contra la peseta. Y 3) El paro laboral, resultado de: a) rigidez de las empresas por el alza de salarios; b) endeudamiento de las empresas por la subida salarial anterior a los Acuerdos; y c) debilidad representativa de los sindicatos verticales.
En definitiva, había que institucionalizar democráticamente el conflicto laboral y ampliar los ámbitos de negociación. La figura del empresario sufría una relativa descalificación desde antiguo. En el otoño de 1977, los sindicatos iniciaron su emergencia como organizaciones civiles autónomas y profesionales; y la CEOE inició su andadura. Los Acuerdos, con todo, favorecerían más a los partidos políticos, que a los contenidos económico-sociales; y plantearon un necesario futuro industrializador.
Fruto de los Acuerdos surgió el «Programa de Saneamiento y Reforma Económica», para comenzar a construir la democracia, resultado de los sentimientos de reconciliación y concordia en el conjunto de la sociedad española. Implicaba objetivos a corto plazo, de orden coyuntural, y también reformas estructurales a largo plazo. Los contenidos básicos eran: 1) mantener el poder adquisitivo de los salarios, disminuyendo la inflación, como política de rentas; 2) contener el déficit público; y 3) política monetaria moderadamente restrictiva, neutralizando la inflación, generada por la devaluación de la peseta.
2 La negociación salarial iba a establecerse sobre la inflación esperada y no sobre la pasada, al tiempo que se poseía una tasa muy inferior de aumento de precios, a la existente (en España se venían firmando convenios con alzas salariales de un 40 % y de un 50 %). En 1978, la masa salarial bruta creció un 24,5 %, mientras que los precios lo hicieron en un 19,8 %. Se reafirmó que para evitar una espiral inflacionista y una eventual depreciación de la peseta no debía hacerse acompañar de un alza indiciada de salarios.
El Real Decreto-Ley de 5 de noviembre de 1977 se recogió la base legal para el cumplimiento de los Acuerdos de la Moncloa. Se preveía que el PIB crecería un 21,4 % (1,1 % de crecimiento real). Los gastos ordinarios del Estado debían crecer en la misma proporción que los gastos corrientes y a estos había que sumar 50.000 millones de pesetas en gastos para reducir el desempleo. Conforme la Ley de presupuestos de 1978, los gastos consuntivos del Estado y de la Seguridad Social crecerían a una tasa inferior a la pactada. En 1977, 1978 y 1979, el déficit público nunca superó el 2 % y se mantuvo a niveles inferiores a los de la OCDE.
En otro ensayo atenderé a las mejoras estructurales en el sistema económico, derivadas de los Acuerdos de la Moncloa. En lo político, en Menorca, en septiembre de 1977, Francisco Tutzó Bennasar, perteneciente a UCD, relevó a Pedro Pons Coll, último jefe insular del Movimiento en la isla.
