Identificado el alquiler ilegal como el germen troncal que cuestiona la capacidad de carga turística de la Isla, al tiempo que merma su calidad como receptora de millones de visitantes, el nuevo equipo de gobierno del Consell se ha arremangado para idear, plantear y ejecutar soluciones que reduzcan esta práctica lesiva por múltiples razones.
Son los jóvenes residentes, principalmente, quienes más la padecen, pero también aquellos que buscan y no encuentran un piso, una casa en la que vivir en régimen de alquiler, no solo de octubre a mayo, sino durante todo el año.
Esa es una de las prioridades que manifiesta la Conselleria de Ordenación del Territorio, en manos de la abogada Núria Torrent, avezada en materia urbanística por su pasado profesional en Alaior y Ciutadella, a quien no se puede acusar de inacción, todo lo contrario. En apenas un año, en su departamento se han impulsado medidas que deben tener un rédito positivo a lo largo del mandato para rebajar la problemática actual.
Desde la creación de un equipo centrado en detectar y multar el alquiler ilegal, si consigue la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible, hasta proponer a los infractores detectados la condonación de la multa si ponen sus propiedades en alquiler para uso social, o la coordinación con Hacienda para cruzar datos que ayuden a frenar la comercialización ilegal de estancias turísticas en viviendas. Además, el área de Torrent ha contratado una plataforma para el seguimiento y control de las ofertas de alquiler vacacional, ha promovido la colaboración con Booking.com para aumentar la transparencia de la empresa digital de alojamiento, e incluso, establecido un protocolo con las policías locales para que apoyen en la medida de lo posible -que es poca dada su falta de efectivos- en la detección de los alquileres sin licencia turística.
Algo bueno debe salir de esta batería de iniciativas para que las palabras habituales de los buenos deseos dejen paso a los hechos.
