El nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España (BdE) ha suscitado polémica. Las críticas versan principalmente en torno al perfil excesivamente político de Escrivá para un cargo supuestamente independiente del poder político.
Ya argumenté en este medio que el principal objetivo de la independencia de los bancos centrales es transferir a los bancos privados el poder de financiar a los Estados, tal y como afirmó Marriner Eccles, presidente de la Reserva Federal entre 1934 y 1948. El argumento de que es deseable que tecnócratas imparciales dirijan la economía, aparte de ser antidemocrático, es solo una excusa para que los bancos centrales no puedan ejercer de prestamistas de última instancia y los gobiernos se tengan que financiar en los mercados privados. Es cierto que el BdE cuenta con un servicio de estudios que elabora informes sobre la situación económica del país y evalúa los efectos de determinadas políticas económicas implementadas por el Gobierno. Los críticos con el nombramiento de Escrivá señalan que con él al frente los informes del banco sobre los efectos de las medidas que el ahora gobernador tomó al frente del Ministerio de la Seguridad Social (y en general sobre las políticas económicas del gobierno de coalición) dejarán de ser independientes de Moncloa. Pero seamos honestos: La labor del BdE no es elaborar estudios sobre la economía española, sino participar en las decisiones de política monetaria del BCE y supervisar el sistema financiero español, algo que, por cierto, no fue capaz de hacer correctamente en los años anteriores a la crisis de 2008, teniendo posteriormente que asumir el BCE la supervisión de los grandes bancos españoles.
Por otro lado, aunque se recurra una y otra vez a lo de que un banco central ha de ser un organismo independiente del poder político, al BdE le gusta hacer política. El banco ya tiene calculado el ‘ajuste fiscal’ que ha de hacer el gobierno para garantizar la ‘sostenibilidad’ de las cuentas públicas: Unos 10.000 millones de euros al año. Un ajuste que se puede lograr recortando gastos o aumentando la recaudación; pero esto último, que implica subir impuestos o incentivar la actividad económica, no seduce demasiado al BdE: Sonadas son sus reticencias a las políticas fiscales expansivas o a las subidas de impuestos, pese a que el gasto público y la presión fiscal en España están por debajo de la media de la UE. Lo que tiene que hacer el Gobierno, por tanto, está claro para el BdE: recortar el gasto (sanidad, educación, pensiones, servicios sociales, inversiones públicas). En fin, lo de siempre.
José Luis Escrivá, que se atrevió a enfrentar a varios economistas y académicos críticos con sus medidas al frente de la seguridad social, tildándolos de «soberbios» y reaccionarios al afirmar que «están instalados en las reformas de 2013, que no se pactaron con los agentes sociales ni con los partidos políticos», parece que viene pisando fuerte. Veremos qué pasa.
