El preacuerdo entre ERC y el PSOE prevé para Cataluña un sistema tributario muy parecido al concierto de País Vasco y Navarra. Las reacciones a este acuerdo han sido sonadas: el PP habla de «golpe de Estado fiscal», e incluso varios varones del PSOE alertan de que el concierto fiscal es un atentado contra la igualdad de los españoles.
Estas reacciones tan duras estarían, hasta cierto punto, justificadas en la época del patrón oro. Pero en un sistema tributario de moneda fiduciaria, como el actual, los impuestos no financian el gasto público; de hecho, es al revés. El Estado, en este caso el Gobierno central, cuando gasta (adquiere productos y servicios de empresas y trabajo de ciudadanos) emite créditos fiscales en una moneda –el euro, antes la peseta– que sus proveedores y trabajadores aceptan. Las empresas que proveen bienes y servicios al Estado y los trabajadores públicos aceptan esa moneda –que no está sustentada en nada tangible– porque la necesitan precisamente para pagar impuestos. La obligación de pagar impuestos es, por tanto, lo que da ‘valor’ a esos activos emitidos por el Estado. Uno puede pensar que el euro es un medio de pago internacional, una moneda con la que operan muchas de las principales economías del mundo, y que por tanto se trata de un valor seguro más allá de su utilidad para pagar impuestos al Estado español. Pero también era un valor seguro el dólar en el año 1971, cuando el presidente Nixon anunció el fin de la convertibilidad y su cotización se hundió.
España es uno de los 18 Estados emisores del euro, una moneda no convertible (no incorpora la promesa de ser convertida a oro o a otra moneda a un precio fijo) que además es un medio de pago internacional. Nuestra nación tiene, por tanto, una posición privilegiada porque un país que emite una divisa no convertible y que no emite deuda denominada en divisa extranjera no puede ser insolvente jamás. En cambio, una comunidad autónoma como Cataluña no emite su propia divisa; por lo que, para financiar su gasto público, tiene que conseguirla vía transferencias provenientes del Estado, recaudando impuestos o emitiendo deuda. Con el nuevo acuerdo, la Generalitat parece que recaudará todos los impuestos y prescindirá de las transferencias provenientes del Gobierno central.
Dada la prosperidad económica de Cataluña, parece que este acuerdo le beneficiará. No obstante, cuando haya una recesión y caiga de la recaudación, la Generalitat tendrá dos opciones: 1) Austeridad fiscal y devaluación interna; 2) Política fiscal contra cíclica para lo cual habrá de incurrir en déficit público. Si cuando la recesión llegue en la Generalitat hay un Gobierno mínimamente sensato que opta por la política fiscal contra cíclica, más le vale a este tener buenas relaciones con el Estado español, sobre todo si el BCE decide adquirir deuda directamente de los Estados, como ha estado haciendo hasta 2024. De lo contrario, tendrán que endeudarse en los mercados de crédito privados. Y en esas circunstancias pueden echar mucho de menos el régimen tributario anterior.
En cualquier caso, creo que la sensación de descontento que sienten muchos ciudadanos catalanes no se debe al régimen tributario en sí, sino a la austeridad fiscal que la pertenencia al euro le ha impuesto a España. De no haber estado sujeto a las reglas fiscales europeas, el Estado español quizás podría haber transferido más recursos a todas las comunidades autónomas, lo que se hubiera traducido en mayores niveles de bienestar social y equilibrio territorial.
