El bullying en las escuelas ha existido siempre, lo recuerdo mis años de escolar en Mahón, pero ahora ha aumentado y se ha recrudecido por el uso de las nuevas tecnologías y las consecuencias son más graves. Hay ya bastantes casos de suicidios de menores por culpa del bullying. A pesar de ello, no se toman medidas serias ni en los colegios ni en las familias.
Lo que aún es peor es que ese acoso se ha trasladado a los altos niveles de la política. Con él se trata de expulsar a políticos progresistas que han sido elegidos democráticamente. Es un juego repugnante que se está implantando en muchos países.
Hace año y medio vimos los casos de Jacinta Arden y Sana Marin, primeras ministras de Nueva Zelanda y Finlandia respectivamente. Ambas tuvieron el récord de conseguir que sus países tuvieran el menor número de muertos por mil habitantes durante la pandemia y fueron modelos de cómo gobernar. Ambas sufrieron toda clase de bullying a ellas y sus familias. Esto llegó al punto en que Jacinta Arden declaró: «No tengo energía para seguir» y dimitió. A los pocos meses, pasó lo mismo con Sana Marin.
Otro caso que tuvo lugar el pasado noviembre fue la acusación del presidente del gobierno de Portugal, Antonio Costa, por presunta corrupción. Al dimitir, Antonio Costa dijo: «La dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo». Después de convocatoria de elecciones y formación de nuevo gobierno, el Tribunal que lo investigaba concluyó que todo era un montaje, acusó de ineptitud a los fiscales y canceló todo el proceso. Pero ya el gobierno pasó a manos de la derecha.
En España la situación es aún más complicada, ya que el bullying que crea la derecha y que propaga una parte de la prensa que no es fiable, la usan algunos jueces como si fuera información fehaciente y montan sus juicios. Estos juicios se prolongan para causar más deterioro político a las víctimas. Así hemos visto muchos casos en los últimos años que al final acaban en nada, pero mientras se ha destrozado la vida política de la víctima. Un caso muy reciente es el de Mónica Oltra, que sufrió una persecución mediática sin mucha base, los jueces la imputaron, en junio de 2022 dimitió y al final no hubo nada, solo consiguieron su dolor y la pérdida de su carrera. Ada Colau también tuvo un continuo de juicios mientras era alcaldesa y alguno aún sigue, pero no había ningún hecho real.
También hubo el caso contra Alberto Rodriguez, diputado por Podemos, en el que el juez insistió en 2021 que la presidenta del Congreso le quitara el escaño. Así se hizo y el proceso siguió. Finalmente este año el Tribunal Constitucional anuló la condena y critico el cómo había sido tratado.
Pero ese no es el único caso contra miembros de podemos. Pablo Iglesias y Monedero han sido sometidos a más de veinte juicios y algunos bastante complicados de los que nada salió a ninguno. Los procesos fueron largos y sin ninguna razón clara por ello.
Últimamente estamos teniendo el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El bullying dirigido a ella lleva ya años. Toda clase de insultos y falsas acusaciones se han publicado en medios patrocinados por la derecha, a la vez que los políticos insultaban de todas las maneras a Pedro. Pero se ha llegado a la crisis cuando el grupo extremista «Manos limpias» ha llevado al juzgado a Begoña acusándola de corrupción y basándose solo en las informaciones de la pseudo-prensa. Claro, el juez lo ha aceptado e imputado a Begoña. Eso pudo haber causado una crisis de gobierno pero Pedro se ha reafirmado en el cargo.
¿Hasta dónde va a llegar ese bullying a los políticos elegidos democráticamente y a sus familias? Y peor aún, los jueces en vez de proteger a las víctimas apoyan el bullying y causan gran daño político y personal a quienes lo sufren. Los dirigentes actuales del PP están detrás de todo ese juego e impiden una renovación del poder judicial que podría mejorar la situación. La democracia en España está en gran peligro.
