En marzo saltó a la prensa la queja de un familiar de una interna del geriátrico de Maó que, impedida y con 91 años, no pudo ser vestida y levantada de la cama para que sus hijos la sacaran a pasear. Se aplicó el protocolo de la gestión asistencial debido a las bajas de personal auxiliar sanitario en la residencia. El protocolo, al que aludió el concejal responsable de este servicio en el último pleno, es solo un eufemismo para una realidad muy dura, que obliga a establecer turnos en la atención a los ancianos; no significa que se queden desasistidos de sus necesidades más básicas, como pueden ser higiene o cambios posturales, pero las personas sin movilidad se levantan y salen estableciendo turnos.
Después, gracias al debate político, se han conocido otros datos, como el hecho de que las quejas son más habituales y reiteradas de lo que pudiéramos pensar; que hace nada menos que ocho meses, según expuso el PP, que el sindicato CCOO hizo un escrito denunciando los problemas en la plantilla; y que pese a cumplirse e incluso superarse la ratio legal de personal para un geriátrico de 84 plazas, ese número es insuficiente debido a las numerosas bajas laborales. El gobierno municipal no niega la preocupante situación, se conjugan distintos factores: personas mayores más dependientes, falta de profesionales cualificados en el mercado, y un desgaste crónico del personal, un síndrome de burnout o trabajador quemado que, como resultado, ha generado 41 bajas laborales declaradas entre enero y abril.
La plantilla se quiebra a un ritmo que no se puede asumir, el problema, no solo en Maó sino en las residencias asistidas en general, de cara a un futuro, es serio. Las cuestiones jurídicas o competenciales no pueden ser excusa o demorar las medidas que mejoren las condiciones de todos, de trabajadores estresados y con sobrecarga, y de los residentes y por ende sus familias, que confían en el centro. Porque todos somos algo más que un cálculo numérico, una ratio.
