En la legislatura pasada, el 29 de agosto de 2020 se publicó en el BOIB el Decreto Ley 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de les Illes Balears, quedando recogida la normativa de evaluación ambiental en un único cuerpo normativo. En este decreto queda establecido que la Comisión Balear de Medio Ambiente es el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en lo tocante a proyectos, planes o programas sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental estratégica que deban ser adoptados, autorizados o aprobados por las administraciones autonómica, insular o local de las islas.
El PP ha determinado ahora que es necesario agilizar los procesos administrativos para que estos proyectos, planes o programas sean aprobados a la mayor rapidez posible. La solución que se propone es eliminar el órgano ambiental reconocido en el texto normativo -considerado el responsable de la lentitud administrativa- y que sus atribuciones queden asumidas por una persona designada a dedo por el Govern balear, eliminando de un plumazo la participación de los Consells insulares, los municipios y los colectivos sociales integrados en el comité técnico contemplado en dicho decreto.
Agilizar todos los procesos administrativos -y no solo este- es algo deseable y para ello habría que estudiar las causas que impiden una mayor eficacia o celeridad y actuar en consecuencia. Se trataría de que, mediante su mejora, todas las tramitaciones administrativas se agilizaran. Pero este no es el caso al decidir la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente. No se trata aquí de agilizar las tramitaciones de proyectos, planes o programas, se trata más bien de cargarse un elemento orgánico de garantía de participación institucional y ciudadana competente en materia de medio ambiente y territorio. Porque eliminar este órgano independiente supone eliminar la transparencia y el control en los procesos administrativos a los que tiene derecho toda sociedad democrática. El Partido Popular siempre ha sido partidario de eliminar lo que llama «trabas administrativas». La derecha habla de trabas cuando le molesta que se fiscalicen sus proyectos, lo cual da una pista de la pulcritud de sus verdaderas intenciones.
Con esta propuesta se persiguen dos objetivos: uno, como decía, de transparencia y otro ambiental. El primero es claro. Se trata de impedir el acceso público a la información sobre los planes urbanísticos, algo que en el pasado estuvo siempre repleto de irregularidades y de corrupción y que ha destruido una parte importante del territorio balear. En este aspecto la decisión tomada parece estar en consonancia con la posición de los lobbies de las inmobiliarias, promotoras y constructoras, muy poco amigas de la fiscalización de sus actividades económicas.
El otro objetivo nace de la irresponsabilidad ambiental o directamente del negacionismo ambiental de los partidarios de la desregulación. Llevamos más de 400 días consecutivos de récord de temperatura de la superficie oceánica del planeta, consecuencia del cambio climático. Esto supondrá el progresivo aumento del nivel del mar, algo especialmente grave en la cuenca mediterránea, más vulnerable al calentamiento global según estudio de la red Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) y que afectará a la línea de costa balear. Es el tiempo de evaluar esta situación de forma prioritaria y actuar, renunciando al crecimiento continuo inmobiliario y a la masificación turística impulsada por el Govern balear.
Suprimir la Comisión Balear de Medio Ambiente es el síntoma de lo que está pasando: se antepone el beneficio privado de unos pocos al bien público y se mira para otro lado mientras la amenaza climática se expande.
Pablo Jiménez es diputado balear de IU en la legislatura 2019-2023
